​El Ministerio de Energía presentó en enero pasado un proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas, con el objetivo de mitigar el impacto del aumento anunciado por la Comisión Nacional de Energía. Este incremento podría alcanzar hasta un 88% en las facturas de los consumidores que utilizan más energía.

​La propuesta del Gobierno generó inquietud entre los expertos, quienes advierten que podría introducir un riesgo adicional de aumento en la inflación del país. En febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 0,6%.

​Según informes de El Mercurio, economistas estiman que, dependiendo del contenido final del proyecto, el descongelamiento de las tarifas eléctricas podría provocar un aumento de hasta el 0,5% en el IPC proyectado para diciembre. Esto podría llevar a que la inflación a finales de año se acerque más al 4% que al 3% proyectado por las autoridades.

​Luis Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmerica, destacó la importancia de este riesgo, señalando que incluso sin tener en cuenta el proyecto de ley, ya se proyecta una inflación del 3,6% para fin de año. Sin embargo, con este riesgo adicional, la cifra podría llegar al 4%.

​Alejandro Alarcón, economista y profesor de la FEN de la Universidad de Chile, subrayó que si bien el aumento moderado en las tarifas de electricidad ejerce presión sobre la inflación, no explica completamente la tendencia al alza. Destacó que el principal factor es el tipo de cambio, influenciado por el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos, así como las expectativas de un mayor gasto público.

​Es importante recordar que los precios no han aumentado desde 2019, por lo que el Gobierno propone una normalización gradual que permita pagar los saldos acumulados durante los mecanismos transitorios implementados durante la pandemia.

​El proyecto de ley establece varios ejes, entre ellos el perfeccionamiento del mecanismo de protección a los clientes, el pago gradual de la deuda acumulada, la normalización de los costos de electricidad de acuerdo con la capacidad de pago de los clientes y la eliminación de la segmentación entre usuarios para evitar cargar excesivamente a ciertos grupos. Además, se propone un subsidio temporal para 850 mil hogares vulnerables.

​El Gobierno planea financiar este subsidio a través del Cargo por Servicio Público y de aportes fiscales, con una recaudación esperada de 100 millones de dólares y 20 millones de dólares anuales, respectivamente.