tras el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública 2024, donde se mencionó la eventual expropiación del terreno. Los habitantes expresaron su profunda preocupación y desconcierto, señalando que no han recibido información oficial por parte del Gobierno y que han debido enterarse por los medios de comunicación. Además, afirmaron que no han sido contactados por ninguna autoridad a pesar de los intentos por concertar reuniones con representantes gubernamentales. “Los vecinos se sienten desinformados, excluidos y sumidos en la incertidumbre sobre el futuro de sus hogares”, declaró el diputado Benavente. “Las familias que hoy viven en Villa Baviera han contribuido al desarrollo local mediante servicios de salud rural, fomento del turismo y creación de empleos estables en distintas actividades productivas”. El parlamentario fue enfático: “Villa Baviera debe seguir siendo un motor de desarrollo para estas comunidades precordilleranas. Estas personas no pueden volver a ser víctimas, esta vez del propio Estado. No hay causal de necesidad imperiosa que justifique una expropiación; solo se vislumbra una intención ideológica”. Benavente también anunció que oficiará al Ministerio de Justicia para solicitar un informe detallado sobre los alcances del anuncio presidencial y reiteró su disposición a defender el derecho de los residentes a conservar el lugar que han levantado como su hogar por décadas. Finalmente, llamó a las autoridades a actuar con transparencia, empatía y respeto por una comunidad que —según sus palabras— “no busca privilegios, solo ser escuchada y respetada”.
Por 71 a favor, 14 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución en que se solicita al presidente Gabriel Boric, que se ordene expropiar los terrenos de la Macrozona Sur, en los cuales existan antecedentes de albergar a “grupos agitadores del orden público”, como por ejemplo el sector de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. La presentación fue realizada por el diputado Republicano Juan Irarrázaval, quien -a nombre de sus pares firmantes del documento Chiara Barchiesi, Cristián Araya, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Agustín Romero, Stephan Schubert y Renzo Trisotti-, recordó que en la última Cuenta Pública presidencial, el Mandatario anunció la expropiación de los predios de la exColonia Dignidad, en la región del Maule, con el fin de convertirlo en “lugar de memoria”, ante las violaciones a los Derechos Humanos que habrían ocurrido allí. Lee también... Cordero por Temucuicui: Queipul puede decir lo que quiera, pero es un territorio sometido al Estado Martes 29 Abril, 2025 | 10:43 En el documento se recordó que “el procedimiento expropiatorio en nuestra legislación se justifica por las siguientes causas: Utilidad pública, interés social e interés nacional”. Asimismo, que hace más de dos años una parte importante de la Macrozona Sur está bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, dada la amenaza al orden y seguridad pública que un significativo número organizaciones criminales representan, cuales cuatro fueron declaradas comoorganizaciones terroristas por la Cámara Diputados,Coordinadora Arauco Malleco(CAM),Resistencia Mapuche Malleco,Resistencia Mapuche LafkencheWeichan Auka Mapu,también debe sumarseLiberación Nacional Mapuche. Fuente: BioBioChile
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, destacó como un “avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado” la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que obliga a acreditar la procedencia lícita de los recursos utilizados para financiar defensas judiciales en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y otros delitos graves. La iniciativa, despachada ahora al Senado, fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente. El proyecto prohíbe expresamente el pago en efectivo a abogados defensores, estableciendo como únicos medios válidos aquellos que aseguren trazabilidad, tales como transferencias electrónicas, cheques, vale vista o tarjetas bancarias. “Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, sostuvo el parlamentario gremialista, quien ha tenido un rol activo en la tramitación de la iniciativa. El texto legal también impone a los abogados la obligación de justificar el origen de los pagos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa. El incumplimiento de esta normativa podrá derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año. Cabe destacar que esta obligación no aplica a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública. Adicionalmente, la normativa contempla una reforma a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiendo al organismo informar sobre estos pagos cuando corresponda. También se extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza. “El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Benavente.
una de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y quienes tienen dependencia. Este nuevo sistema no solo garantizará apoyo a quienes lo necesitan, sino que también reconocerá la labor de quienes históricamente han asumido el rol de cuidadores, principalmente las mujeres. Nada sustituye a la familia, pero este sistema viene en auxiliar de quienes ejercen el cuidado y reconoce el valor esencial de su trabajo para la comunidad. En un contexto de envejecimiento de la población y disminución de las tasas de natalidad, debemos prepararnos como sociedad para enfrentar este desafío. Con este avance, Chile da un paso crucial hacia una sociedad más justa, solidaria e inclusiva, donde el cuidado se concibe como un derecho fundamental .
El pasado 9 de diciembre la instancia decidió enviarle un listado de preguntas a la exautoridad acusada de violación y abuso sexual contra una asesora de la repartición que lideraba para conocer detalles sobre su accionar tras el hecho. Este jueves se dio conocer el rechazo que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve , le dio al cuestionario enviado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza políticamente su causa. Fue el pasado 9 de diciembre que la instancia decidió enviarle un listado de preguntas a la exautoridad acusada de violación y abuso sexual contra una asesora de la repartición que lideraba. Actualmente, Monsalve se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. Y aunque desde su entorno político y su propia defensa aseguraban que el exsubsecretario colaboraría con diligencias necesarias, su decisión aparentemente cambió con el paso del tiempo. Al parecer, responder el cuestionario no sería conveniente para Monsalve, ya que podría entorpecer la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, consignó La Tercera . Cabe recordar que el listado de preguntas preparadas por la Cámara no es de carácter obligatorio, por lo que Monsalve puede prescindir de responderlo. La instancia pretendía conocer detalles del accionar del exsubsecretario antes de que estallara el Caso Monsalve . Además de saber qué órdenes le dio a personal policial, el uso que le dio a los gastos reservados de la Subsecretaria del Interior y el tema de la conversación que tuvo con el Presidente Gabriel Boric durante una reunión en pasado 15 octubre. Fuente: CNN Chile País
tras el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública 2024, donde se mencionó la eventual expropiación del terreno. Los habitantes expresaron su profunda preocupación y desconcierto, señalando que no han recibido información oficial por parte del Gobierno y que han debido enterarse por los medios de comunicación. Además, afirmaron que no han sido contactados por ninguna autoridad a pesar de los intentos por concertar reuniones con representantes gubernamentales. “Los vecinos se sienten desinformados, excluidos y sumidos en la incertidumbre sobre el futuro de sus hogares”, declaró el diputado Benavente. “Las familias que hoy viven en Villa Baviera han contribuido al desarrollo local mediante servicios de salud rural, fomento del turismo y creación de empleos estables en distintas actividades productivas”. El parlamentario fue enfático: “Villa Baviera debe seguir siendo un motor de desarrollo para estas comunidades precordilleranas. Estas personas no pueden volver a ser víctimas, esta vez del propio Estado. No hay causal de necesidad imperiosa que justifique una expropiación; solo se vislumbra una intención ideológica”. Benavente también anunció que oficiará al Ministerio de Justicia para solicitar un informe detallado sobre los alcances del anuncio presidencial y reiteró su disposición a defender el derecho de los residentes a conservar el lugar que han levantado como su hogar por décadas. Finalmente, llamó a las autoridades a actuar con transparencia, empatía y respeto por una comunidad que —según sus palabras— “no busca privilegios, solo ser escuchada y respetada”.
Por 71 a favor, 14 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución en que se solicita al presidente Gabriel Boric, que se ordene expropiar los terrenos de la Macrozona Sur, en los cuales existan antecedentes de albergar a “grupos agitadores del orden público”, como por ejemplo el sector de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. La presentación fue realizada por el diputado Republicano Juan Irarrázaval, quien -a nombre de sus pares firmantes del documento Chiara Barchiesi, Cristián Araya, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Agustín Romero, Stephan Schubert y Renzo Trisotti-, recordó que en la última Cuenta Pública presidencial, el Mandatario anunció la expropiación de los predios de la exColonia Dignidad, en la región del Maule, con el fin de convertirlo en “lugar de memoria”, ante las violaciones a los Derechos Humanos que habrían ocurrido allí. Lee también... Cordero por Temucuicui: Queipul puede decir lo que quiera, pero es un territorio sometido al Estado Martes 29 Abril, 2025 | 10:43 En el documento se recordó que “el procedimiento expropiatorio en nuestra legislación se justifica por las siguientes causas: Utilidad pública, interés social e interés nacional”. Asimismo, que hace más de dos años una parte importante de la Macrozona Sur está bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, dada la amenaza al orden y seguridad pública que un significativo número organizaciones criminales representan, cuales cuatro fueron declaradas comoorganizaciones terroristas por la Cámara Diputados,Coordinadora Arauco Malleco(CAM),Resistencia Mapuche Malleco,Resistencia Mapuche LafkencheWeichan Auka Mapu,también debe sumarseLiberación Nacional Mapuche. Fuente: BioBioChile
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, destacó como un “avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado” la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que obliga a acreditar la procedencia lícita de los recursos utilizados para financiar defensas judiciales en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y otros delitos graves. La iniciativa, despachada ahora al Senado, fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente. El proyecto prohíbe expresamente el pago en efectivo a abogados defensores, estableciendo como únicos medios válidos aquellos que aseguren trazabilidad, tales como transferencias electrónicas, cheques, vale vista o tarjetas bancarias. “Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, sostuvo el parlamentario gremialista, quien ha tenido un rol activo en la tramitación de la iniciativa. El texto legal también impone a los abogados la obligación de justificar el origen de los pagos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa. El incumplimiento de esta normativa podrá derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año. Cabe destacar que esta obligación no aplica a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública. Adicionalmente, la normativa contempla una reforma a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiendo al organismo informar sobre estos pagos cuando corresponda. También se extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza. “El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Benavente.
una de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y quienes tienen dependencia. Este nuevo sistema no solo garantizará apoyo a quienes lo necesitan, sino que también reconocerá la labor de quienes históricamente han asumido el rol de cuidadores, principalmente las mujeres. Nada sustituye a la familia, pero este sistema viene en auxiliar de quienes ejercen el cuidado y reconoce el valor esencial de su trabajo para la comunidad. En un contexto de envejecimiento de la población y disminución de las tasas de natalidad, debemos prepararnos como sociedad para enfrentar este desafío. Con este avance, Chile da un paso crucial hacia una sociedad más justa, solidaria e inclusiva, donde el cuidado se concibe como un derecho fundamental .
El pasado 9 de diciembre la instancia decidió enviarle un listado de preguntas a la exautoridad acusada de violación y abuso sexual contra una asesora de la repartición que lideraba para conocer detalles sobre su accionar tras el hecho. Este jueves se dio conocer el rechazo que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve , le dio al cuestionario enviado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza políticamente su causa. Fue el pasado 9 de diciembre que la instancia decidió enviarle un listado de preguntas a la exautoridad acusada de violación y abuso sexual contra una asesora de la repartición que lideraba. Actualmente, Monsalve se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. Y aunque desde su entorno político y su propia defensa aseguraban que el exsubsecretario colaboraría con diligencias necesarias, su decisión aparentemente cambió con el paso del tiempo. Al parecer, responder el cuestionario no sería conveniente para Monsalve, ya que podría entorpecer la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, consignó La Tercera . Cabe recordar que el listado de preguntas preparadas por la Cámara no es de carácter obligatorio, por lo que Monsalve puede prescindir de responderlo. La instancia pretendía conocer detalles del accionar del exsubsecretario antes de que estallara el Caso Monsalve . Además de saber qué órdenes le dio a personal policial, el uso que le dio a los gastos reservados de la Subsecretaria del Interior y el tema de la conversación que tuvo con el Presidente Gabriel Boric durante una reunión en pasado 15 octubre. Fuente: CNN Chile País
