El Ministro de Justicia, Luis Cordero, expresó su preocupación ante lo que calificó como malas prácticas en el proceso de nombramiento de autoridades, tras la revelación de nuevos antecedentes relacionados con el abogado Luis Hermosilla. En un reciente reportaje publicado por Ciper, se detallan conversaciones de WhatsApp investigadas por la Fiscalía donde se sugiere la intervención del abogado Hermosilla en nombramientos de ministros tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Específicamente, se señalan gestiones del abogado para facilitar la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2021. El Ministro Cordero, tras la Cuenta Pública de la Contraloría General de la República, enfatizó en la necesidad de mantener políticas de integridad, señalando que ninguna reforma legal puede salvaguardar la integridad cuando esta se ve afectada. No necesitamos escándalos para avanzar en esto, porque con los escándalos previos ya hemos hecho modificaciones y siguen produciéndose malas prácticas, expresó el Ministro Cordero, haciendo hincapié en la importancia de cambios culturales y conductuales en el sistema. Cordero también destacó las estrictas reglas de vinculación con jueces en ejercicio establecidas en el Código de Ética del Colegio de Abogados, aunque advirtió que estas situaciones deben ser observadas atentamente. El Ministro subrayó que las reformas legales por sí solas no son suficientes y que se requiere un cambio en la política, la integridad y las relaciones en el proceso de nombramiento, especialmente en la profesión legal. Puede haber reformas orgánicas, pero si no hay un cambio en la política, en la integridad, en las relaciones en que se vinculan los procesos de nombramiento, todas las reformas pueden terminar siendo igualmente limitadas, agregó. Finalmente, Cordero resaltó los avances realizados por la Corte Suprema en materia de integridad y anticipó que estos nuevos acontecimientos podrían impulsar a la Corte a insistir en la importancia de estos asuntos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó la preocupación del gobierno ante la investigación en curso que involucra al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. Tohá señaló que el gobierno está recopilando información sobre el caso, el cual está siendo llevado a cabo por la fiscalía Oriente. Según el comunicado emitido hoy por el Ministerio Público, Muñoz será formalizado por delitos relacionados con la presunta entrega de información declarada secreta en el contexto de una investigación. La imputación contra Muñoz surge de la investigación sobre la filtración de audios del abogado Luis Hermosilla. Tras las pericias realizadas al teléfono celular del mencionado abogado, se encontró información que vincula directamente a Muñoz con posibles delitos. La ministra Tohá, destacó que como gobierno nos preocupa, respetamos el trabajo de la fiscalía, es un órgano autónomo. Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley. Ante la pregunta recurrente sobre si se pedirá la renuncia de Muñoz, la ministra optó por no responder, enfatizando que el gobierno no debe intervenir en la investigación en curso, la cual está bajo la jurisdicción de la Fiscalía y se desarrolla de manera autónoma. Sin embargo, Tohá subrayó la preocupación del gobierno por garantizar que esta situación no afecte el trabajo policial ni la estrategia de seguridad, asegurando que se están recopilando antecedentes al respecto. El Gobierno va a recopilar antecedentes, estamos en eso. Y no tenemos nada más que informar por el momento , concluyó la ministra del Interior.
El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido comocaso audios, derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla. La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer. Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI. La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas. En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario. Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía transparente.
El Ministro de Justicia, Luis Cordero, expresó su preocupación ante lo que calificó como malas prácticas en el proceso de nombramiento de autoridades, tras la revelación de nuevos antecedentes relacionados con el abogado Luis Hermosilla. En un reciente reportaje publicado por Ciper, se detallan conversaciones de WhatsApp investigadas por la Fiscalía donde se sugiere la intervención del abogado Hermosilla en nombramientos de ministros tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Específicamente, se señalan gestiones del abogado para facilitar la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2021. El Ministro Cordero, tras la Cuenta Pública de la Contraloría General de la República, enfatizó en la necesidad de mantener políticas de integridad, señalando que ninguna reforma legal puede salvaguardar la integridad cuando esta se ve afectada. No necesitamos escándalos para avanzar en esto, porque con los escándalos previos ya hemos hecho modificaciones y siguen produciéndose malas prácticas, expresó el Ministro Cordero, haciendo hincapié en la importancia de cambios culturales y conductuales en el sistema. Cordero también destacó las estrictas reglas de vinculación con jueces en ejercicio establecidas en el Código de Ética del Colegio de Abogados, aunque advirtió que estas situaciones deben ser observadas atentamente. El Ministro subrayó que las reformas legales por sí solas no son suficientes y que se requiere un cambio en la política, la integridad y las relaciones en el proceso de nombramiento, especialmente en la profesión legal. Puede haber reformas orgánicas, pero si no hay un cambio en la política, en la integridad, en las relaciones en que se vinculan los procesos de nombramiento, todas las reformas pueden terminar siendo igualmente limitadas, agregó. Finalmente, Cordero resaltó los avances realizados por la Corte Suprema en materia de integridad y anticipó que estos nuevos acontecimientos podrían impulsar a la Corte a insistir en la importancia de estos asuntos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó la preocupación del gobierno ante la investigación en curso que involucra al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. Tohá señaló que el gobierno está recopilando información sobre el caso, el cual está siendo llevado a cabo por la fiscalía Oriente. Según el comunicado emitido hoy por el Ministerio Público, Muñoz será formalizado por delitos relacionados con la presunta entrega de información declarada secreta en el contexto de una investigación. La imputación contra Muñoz surge de la investigación sobre la filtración de audios del abogado Luis Hermosilla. Tras las pericias realizadas al teléfono celular del mencionado abogado, se encontró información que vincula directamente a Muñoz con posibles delitos. La ministra Tohá, destacó que como gobierno nos preocupa, respetamos el trabajo de la fiscalía, es un órgano autónomo. Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley. Ante la pregunta recurrente sobre si se pedirá la renuncia de Muñoz, la ministra optó por no responder, enfatizando que el gobierno no debe intervenir en la investigación en curso, la cual está bajo la jurisdicción de la Fiscalía y se desarrolla de manera autónoma. Sin embargo, Tohá subrayó la preocupación del gobierno por garantizar que esta situación no afecte el trabajo policial ni la estrategia de seguridad, asegurando que se están recopilando antecedentes al respecto. El Gobierno va a recopilar antecedentes, estamos en eso. Y no tenemos nada más que informar por el momento , concluyó la ministra del Interior.
El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido comocaso audios, derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla. La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer. Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI. La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas. En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario. Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía transparente.
