beneficio que desde este mes comenzarán a recibir los pensionados mayores de 82 años, como parte de la Reforma de Pensiones aprobada a inicios de año. Benavente subrayó que esta medida beneficiará a cerca de tres millones de adultos mayores en el corto plazo, y que representa un paso importante en la mejora de las jubilaciones actuales y futuras. “Después de mucha espera, por fin podemos decir que a contar de hoy se empezarán a ver todos los beneficios asociados a la Reforma de Pensiones que aprobamos a principios de este año. […] Finalmente logramos sacar adelante un acuerdo que en el corto plazo favorecerá a millones de adultos mayores y a futuro permitirá mejorar las pensiones de todos los chilenos”, señaló el parlamentario. En detalle, el beneficio se aplicará de forma gradual: Desde septiembre de 2025: PGU de $250.000 para pensionados mayores de 82 años. En septiembre de 2026: se extenderá a quienes tengan más de 75 años. En 2027: alcanzará al resto de los beneficiarios. Asimismo, el diputado destacó que a partir de enero próximo entrarán en vigencia los beneficios del Seguro Social Previsional, orientados a corregir desigualdades históricas, especialmente las que afectan a las mujeres. Benavente valoró además que la cotización de trabajadores y empleadores vaya directamente a las cuentas individuales, lo que según estimaciones aumentará las pensiones de las mujeres en cerca de $200.000 y las de los hombres en alrededor de $140.000. Finalmente, el legislador reiteró que este avance es resultado del diálogo político: “Hoy son los adultos mayores y los futuros pensionados quienes se ven beneficiados, pero el día de mañana pueden ser todos los chilenos los que vean mejorada su calidad de vida si es que la política es capaz de llegar a acuerdos como lo hizo acá”.
Ante esta problemática, el diputado Gustavo Benavente anunció gestiones para apoyar a la comunidad en la formalización de sus reclamos y exigir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) un seguimiento riguroso a los compromisos asumidos por las compañías. “Hay vecinos que nos han mostrado alzas de hasta un 300% en sus boletas, adultos mayores que viven solos y han visto cómo sus cuentas se dispararon. No hablamos de casos aislados, son muchas familias y se les debe dar una respuesta satisfactoria”, expresó el parlamentario. Según Benavente, las alzas se habrían originado en diferencias en el sistema de toma de lectura de los medidores domiciliarios. El legislador sostuvo reuniones con la gerencia de la Compañía General de Electricidad (CGE), además de oficiar a la SEC para garantizar que los reclamos ciudadanos sean revisados. El diputado precisó que, de acuerdo con la compañía, las familias no deberán pagar más de lo efectivamente consumido, y llamó a quienes presenten disconformidad con sus boletas a ingresar reclamos en oficinas de CGE o a través de la web de la SEC. El escenario preocupa aún más considerando las bajas temperaturas registradas en la zona y el aumento general del costo de vida en el invierno, lo que afecta con especial fuerza a adultos mayores, pequeños emprendedores y familias vulnerables. “Estoy esperanzado en que pronto se solucione esta situación que ha afectado a tantas familias y que genera malestar y preocupación en un contexto económico muy complejo”, concluyó Benavente.
La ley elimina la exigencia de permisos por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) en determinadas obras, siempre que cumplan con criterios específicos de capacidad y altura. En concreto, no requerirán autorización:Tranque construido fuera de un cauce natural con capacidad de hasta 150 mil m³ o muros de hasta 7 metros de altura.Tranque dentro de un cauce natural con capacidad de hasta 50 mil m³ o muros de hasta 5 metros de altura.El parlamentario por la región del Maule subrayó que esta legislación es un avance significativo para el sector agrícola, especialmente en un contexto de sequía prolongada y crisis hídrica.“Muchos pequeños y medianos agricultores veían en la burocracia un obstáculo para invertir en almacenamiento de agua. Esta ley simplifica trámites, entrega certezas y promueve la seguridad del riego, asegurando así la continuidad de la producción agrícola nacional”, afirmó Benavente.La norma entrará en vigencia el primer día hábil del séptimo mes posterior a su publicación, por lo que el diputado llamó a los agricultores a informarse y prepararse para aprovechar sus beneficios en la próxima temporada agrícola.
solicitando información sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes del Colegio Concepción de Linares, quienes se encuentran sin clases desde el pasado 7 de mayo debido a un extenso paro de profesores.El conflicto se originó en el marco de una negociación colectiva entre la Corporación Educacional y el sindicato de trabajadores del establecimiento, donde los docentes exigen mejoras laborales. Sin embargo, esta situación ha generado un fuerte impacto en la comunidad escolar, afectando directamente a cientos de alumnos y sus familias.Ante esta crisis, el parlamentario gremialista se reunió con dirigentes del centro de padres y apoderados del colegio para conocer sus inquietudes. “La prolongación del paro no solo significa pérdida de aprendizajes, sino también una alteración profunda en la vida cotidiana de muchas familias”, señaló Benavente.Además de solicitar información oficial sobre el caso, el diputado pidió que la Superintendencia colabore activamente en la elaboración de un plan de recuperación de horas pedagógicas, una vez que se reanuden las clases. “Aunque este es un conflicto laboral, no podemos dejar de lado a los estudiantes. Como Estado, debemos asegurar su derecho a la educación”, recalcó.Finalmente, el legislador hizo un llamado al Ministerio de Educación para que promueva instancias de diálogo entre las partes involucradas. “Esperamos que tanto la administración del colegio como los docentes tengan la voluntad de llegar a acuerdos con el acompañamiento de las autoridades competentes. La comunidad educativa necesita certezas y soluciones urgentes”, sentenció.
que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Para el parlamentario, esta práctica representa un grave perjuicio al erario fiscal y una falta de ética pública inaceptable, señalando que “muchas de estas salidas del país fueron realizadas con pleno conocimiento de las jefaturas correspondientes”. “El 60% de estas licencias médicas son financiadas por Fonasa, con recursos que deberían destinarse a personas en lista de espera o tratamientos urgentes. Este no es un simple error administrativo: es un fraude al Estado que debe tener consecuencias civiles y penales”, subrayó el legislador. En esa línea, Benavente criticó la respuesta inicial del gobierno, haciendo un llamado a actuar con decisión: “Más que comisiones investigadoras, lo que se requiere es entregar de inmediato el informe a la justicia. Aquí podrían configurarse delitos como fraude al fisco, y quienes participaron deben responder ante la ley y devolver los recursos mal utilizados”. Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos actos: “No podemos seguir permitiendo que se usen fondos públicos para financiar vacaciones. La señal debe ser clara: cero tolerancia a los abusos en el sector público”.
beneficio que desde este mes comenzarán a recibir los pensionados mayores de 82 años, como parte de la Reforma de Pensiones aprobada a inicios de año. Benavente subrayó que esta medida beneficiará a cerca de tres millones de adultos mayores en el corto plazo, y que representa un paso importante en la mejora de las jubilaciones actuales y futuras. “Después de mucha espera, por fin podemos decir que a contar de hoy se empezarán a ver todos los beneficios asociados a la Reforma de Pensiones que aprobamos a principios de este año. […] Finalmente logramos sacar adelante un acuerdo que en el corto plazo favorecerá a millones de adultos mayores y a futuro permitirá mejorar las pensiones de todos los chilenos”, señaló el parlamentario. En detalle, el beneficio se aplicará de forma gradual: Desde septiembre de 2025: PGU de $250.000 para pensionados mayores de 82 años. En septiembre de 2026: se extenderá a quienes tengan más de 75 años. En 2027: alcanzará al resto de los beneficiarios. Asimismo, el diputado destacó que a partir de enero próximo entrarán en vigencia los beneficios del Seguro Social Previsional, orientados a corregir desigualdades históricas, especialmente las que afectan a las mujeres. Benavente valoró además que la cotización de trabajadores y empleadores vaya directamente a las cuentas individuales, lo que según estimaciones aumentará las pensiones de las mujeres en cerca de $200.000 y las de los hombres en alrededor de $140.000. Finalmente, el legislador reiteró que este avance es resultado del diálogo político: “Hoy son los adultos mayores y los futuros pensionados quienes se ven beneficiados, pero el día de mañana pueden ser todos los chilenos los que vean mejorada su calidad de vida si es que la política es capaz de llegar a acuerdos como lo hizo acá”.
Ante esta problemática, el diputado Gustavo Benavente anunció gestiones para apoyar a la comunidad en la formalización de sus reclamos y exigir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) un seguimiento riguroso a los compromisos asumidos por las compañías. “Hay vecinos que nos han mostrado alzas de hasta un 300% en sus boletas, adultos mayores que viven solos y han visto cómo sus cuentas se dispararon. No hablamos de casos aislados, son muchas familias y se les debe dar una respuesta satisfactoria”, expresó el parlamentario. Según Benavente, las alzas se habrían originado en diferencias en el sistema de toma de lectura de los medidores domiciliarios. El legislador sostuvo reuniones con la gerencia de la Compañía General de Electricidad (CGE), además de oficiar a la SEC para garantizar que los reclamos ciudadanos sean revisados. El diputado precisó que, de acuerdo con la compañía, las familias no deberán pagar más de lo efectivamente consumido, y llamó a quienes presenten disconformidad con sus boletas a ingresar reclamos en oficinas de CGE o a través de la web de la SEC. El escenario preocupa aún más considerando las bajas temperaturas registradas en la zona y el aumento general del costo de vida en el invierno, lo que afecta con especial fuerza a adultos mayores, pequeños emprendedores y familias vulnerables. “Estoy esperanzado en que pronto se solucione esta situación que ha afectado a tantas familias y que genera malestar y preocupación en un contexto económico muy complejo”, concluyó Benavente.
La ley elimina la exigencia de permisos por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) en determinadas obras, siempre que cumplan con criterios específicos de capacidad y altura. En concreto, no requerirán autorización:Tranque construido fuera de un cauce natural con capacidad de hasta 150 mil m³ o muros de hasta 7 metros de altura.Tranque dentro de un cauce natural con capacidad de hasta 50 mil m³ o muros de hasta 5 metros de altura.El parlamentario por la región del Maule subrayó que esta legislación es un avance significativo para el sector agrícola, especialmente en un contexto de sequía prolongada y crisis hídrica.“Muchos pequeños y medianos agricultores veían en la burocracia un obstáculo para invertir en almacenamiento de agua. Esta ley simplifica trámites, entrega certezas y promueve la seguridad del riego, asegurando así la continuidad de la producción agrícola nacional”, afirmó Benavente.La norma entrará en vigencia el primer día hábil del séptimo mes posterior a su publicación, por lo que el diputado llamó a los agricultores a informarse y prepararse para aprovechar sus beneficios en la próxima temporada agrícola.
solicitando información sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes del Colegio Concepción de Linares, quienes se encuentran sin clases desde el pasado 7 de mayo debido a un extenso paro de profesores.El conflicto se originó en el marco de una negociación colectiva entre la Corporación Educacional y el sindicato de trabajadores del establecimiento, donde los docentes exigen mejoras laborales. Sin embargo, esta situación ha generado un fuerte impacto en la comunidad escolar, afectando directamente a cientos de alumnos y sus familias.Ante esta crisis, el parlamentario gremialista se reunió con dirigentes del centro de padres y apoderados del colegio para conocer sus inquietudes. “La prolongación del paro no solo significa pérdida de aprendizajes, sino también una alteración profunda en la vida cotidiana de muchas familias”, señaló Benavente.Además de solicitar información oficial sobre el caso, el diputado pidió que la Superintendencia colabore activamente en la elaboración de un plan de recuperación de horas pedagógicas, una vez que se reanuden las clases. “Aunque este es un conflicto laboral, no podemos dejar de lado a los estudiantes. Como Estado, debemos asegurar su derecho a la educación”, recalcó.Finalmente, el legislador hizo un llamado al Ministerio de Educación para que promueva instancias de diálogo entre las partes involucradas. “Esperamos que tanto la administración del colegio como los docentes tengan la voluntad de llegar a acuerdos con el acompañamiento de las autoridades competentes. La comunidad educativa necesita certezas y soluciones urgentes”, sentenció.
que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Para el parlamentario, esta práctica representa un grave perjuicio al erario fiscal y una falta de ética pública inaceptable, señalando que “muchas de estas salidas del país fueron realizadas con pleno conocimiento de las jefaturas correspondientes”. “El 60% de estas licencias médicas son financiadas por Fonasa, con recursos que deberían destinarse a personas en lista de espera o tratamientos urgentes. Este no es un simple error administrativo: es un fraude al Estado que debe tener consecuencias civiles y penales”, subrayó el legislador. En esa línea, Benavente criticó la respuesta inicial del gobierno, haciendo un llamado a actuar con decisión: “Más que comisiones investigadoras, lo que se requiere es entregar de inmediato el informe a la justicia. Aquí podrían configurarse delitos como fraude al fisco, y quienes participaron deben responder ante la ley y devolver los recursos mal utilizados”. Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos actos: “No podemos seguir permitiendo que se usen fondos públicos para financiar vacaciones. La señal debe ser clara: cero tolerancia a los abusos en el sector público”.
