El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal fue tomada luego de descubrirse la actividad ilícita de una red de falsos funcionarios que estafaban a ciudadanos extranjeros, solicitando pagos ilegales bajo la falsa promesa de regularizar su situación migratoria en Chile. Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran parte del personal de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago. Para supuestamente facilitar trámites migratorios, exigían a los afectados un pago en efectivo de $350 mil por persona. Ante la gravedad de los hechos, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la presentación de la querella contra los responsables de esta actividad fraudulenta. En el texto, se enfatizó que no existen funcionarios del Registro Civil implicados en estas acciones ilegales, siendo personas externas las responsables. Asimismo, se condenó enérgicamente la manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población migrante en Chile. El Servicio expresó su rechazo hacia aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos para cometer delitos, asegurando que no permitirán el uso indebido del nombre de la institución. Finalmente, se hizo un llamado preventivo a la comunidad nacional y extranjera para evitar nuevos fraudes relacionados con los servicios de identificación. Se recordó que los funcionarios solo atienden en oficinas físicas autorizadas y no realizan cobros informales fuera de las plataformas establecidas. Los precios y valores de los trámites están claramente definidos y publicados tanto en las oficinas como en el sitio web oficial del Registro Civil e Identificación. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal fue tomada luego de descubrirse la actividad ilícita de una red de falsos funcionarios que estafaban a ciudadanos extranjeros, solicitando pagos ilegales bajo la falsa promesa de regularizar su situación migratoria en Chile. Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran parte del personal de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago. Para supuestamente facilitar trámites migratorios, exigían a los afectados un pago en efectivo de $350 mil por persona. Ante la gravedad de los hechos, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la presentación de la querella contra los responsables de esta actividad fraudulenta. En el texto, se enfatizó que no existen funcionarios del Registro Civil implicados en estas acciones ilegales, siendo personas externas las responsables. Asimismo, se condenó enérgicamente la manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población migrante en Chile. El Servicio expresó su rechazo hacia aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos para cometer delitos, asegurando que no permitirán el uso indebido del nombre de la institución. Finalmente, se hizo un llamado preventivo a la comunidad nacional y extranjera para evitar nuevos fraudes relacionados con los servicios de identificación. Se recordó que los funcionarios solo atienden en oficinas físicas autorizadas y no realizan cobros informales fuera de las plataformas establecidas. Los precios y valores de los trámites están claramente definidos y publicados tanto en las oficinas como en el sitio web oficial del Registro Civil e Identificación. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
