De acuerdo a los antecedentes reunidos por el Ministerio Público y tras órdenes de investigación emitidas a la PDI, Morales, con el objeto de captar más clientes, comenzó a ofrecer a las familias de personas fallecidas que concurrían a su empresa, certificados de defunción contemplando además el servicio funerario. Para poder ofertar dicho trámite, usaba talonarios de certificados médicos timbrados con la identificación y datos de su hija de profesión médico, ya que conocía su firma. Aquello implica un grave peligro para la salud pública con infracción al Código Sanitario, que establece que la inscripción de defunciones y la inhumación sólo se puede realizar cuando se justifique previamente la causa de muerte por el médico que asistió a la persona en su última enfermedad. Utilizando este procedimiento, el imputado falsificó en reiteradas oportunidades causas de muerte de múltiples personas, sin intervención de ningún profesional de la salud que realizara atenciones o exámenes exigidas por ley y sin contar con el consentimiento de la hija quien ejerce funciones en otra región del país. “Luego de una investigación realizada por la Fiscalía de San Javier y órdenes a la Policía de Investigaciones, se logró establecer que un empresario de una funeraria de esta comuna cometía graves delitos de falsificación. En efecto, esta persona, durante los años 2021 y 2022, falsificó más de 50 certificados de inscripción de defunción del Registro Civil. En otras palabras, falsificaba las causas de muerte, la firma de una médico cirujano y luego de esto, realizaba los trámites para hacer la inscripción en el mencionado servicio. Se logró establecer también que una de estas falsificaciones correspondía a una persona que había fallecido por COVID 19 y que, en consecuencia, el imputado falsificó esta causa de muerte para poder realizar el sepelio respectivo. Luego de la indagatoria, la Fiscalía logró que esta persona fuera formalizada y sometida a prisión preventiva y fue condenada como autora de falsificación reiterada de documentos públicos e infracción también al artículo 318 de las reglas sanitarias en tiempos de pandemia” , señaló el Fiscal Jefe de San Javier, Patricio Caroca. Respecto de la investigación, el inspector Eliezer Salazar de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) San Javier, añadió que “detectives de esta unidad policial, en virtud a una investigación por el delito de falsificación y uso malicioso de documento público, previa coordinación con la Fiscalía Local, concurrieron a una funeraria de la comuna, ya que su propietario estaría emitiendo certificados de defunción sin estar facultado para ello. El momento de hacer ingreso, los oficiales policiales encontraron elementos asociados al delito por lo que se dio cuenta al fiscal de la causa, siendo detenido y puesto a disposición del tribunal” . Por falsificación de instrumento público, Morales Luna fue condenado a 3 años y un día de presidio y por infringir el artículo 318, a 541 días de presidio, disponiendo el tribunal que podrá cumplir la pena bajo libertad vigilada. Además, deberá cancelar una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales, lo que corresponde a un monto aproximado de poco más de un millón y medio de pesos.
De acuerdo a los antecedentes reunidos por el Ministerio Público y tras órdenes de investigación emitidas a la PDI, Morales, con el objeto de captar más clientes, comenzó a ofrecer a las familias de personas fallecidas que concurrían a su empresa, certificados de defunción contemplando además el servicio funerario. Para poder ofertar dicho trámite, usaba talonarios de certificados médicos timbrados con la identificación y datos de su hija de profesión médico, ya que conocía su firma. Aquello implica un grave peligro para la salud pública con infracción al Código Sanitario, que establece que la inscripción de defunciones y la inhumación sólo se puede realizar cuando se justifique previamente la causa de muerte por el médico que asistió a la persona en su última enfermedad. Utilizando este procedimiento, el imputado falsificó en reiteradas oportunidades causas de muerte de múltiples personas, sin intervención de ningún profesional de la salud que realizara atenciones o exámenes exigidas por ley y sin contar con el consentimiento de la hija quien ejerce funciones en otra región del país. “Luego de una investigación realizada por la Fiscalía de San Javier y órdenes a la Policía de Investigaciones, se logró establecer que un empresario de una funeraria de esta comuna cometía graves delitos de falsificación. En efecto, esta persona, durante los años 2021 y 2022, falsificó más de 50 certificados de inscripción de defunción del Registro Civil. En otras palabras, falsificaba las causas de muerte, la firma de una médico cirujano y luego de esto, realizaba los trámites para hacer la inscripción en el mencionado servicio. Se logró establecer también que una de estas falsificaciones correspondía a una persona que había fallecido por COVID 19 y que, en consecuencia, el imputado falsificó esta causa de muerte para poder realizar el sepelio respectivo. Luego de la indagatoria, la Fiscalía logró que esta persona fuera formalizada y sometida a prisión preventiva y fue condenada como autora de falsificación reiterada de documentos públicos e infracción también al artículo 318 de las reglas sanitarias en tiempos de pandemia” , señaló el Fiscal Jefe de San Javier, Patricio Caroca. Respecto de la investigación, el inspector Eliezer Salazar de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) San Javier, añadió que “detectives de esta unidad policial, en virtud a una investigación por el delito de falsificación y uso malicioso de documento público, previa coordinación con la Fiscalía Local, concurrieron a una funeraria de la comuna, ya que su propietario estaría emitiendo certificados de defunción sin estar facultado para ello. El momento de hacer ingreso, los oficiales policiales encontraron elementos asociados al delito por lo que se dio cuenta al fiscal de la causa, siendo detenido y puesto a disposición del tribunal” . Por falsificación de instrumento público, Morales Luna fue condenado a 3 años y un día de presidio y por infringir el artículo 318, a 541 días de presidio, disponiendo el tribunal que podrá cumplir la pena bajo libertad vigilada. Además, deberá cancelar una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales, lo que corresponde a un monto aproximado de poco más de un millón y medio de pesos.
