El domingo 22 de octubre del año pasado, Miguel Acuña (quien ha sido un rostro reconocido en la televisión chilena durante 19 años), protagonizó un incidente que marcó un punto de inflexión en su carrera. Conduciendo en estado de ebriedad, atropelló a cuatro personas en la localidad de Lampa, entre ellas un niño de 13 años. Según informes policiales, el periodista arrojó 1,8 gramos de alcohol en la sangre en el alcotest realizado tras el accidente.Al día siguiente del suceso, Acuña fue formalizado por los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones leves, menos graves y graves. El tribunal dictaminó que Acuña quedara con firma mensual y retención de licencia, mientras se fijaban 60 días de investigación. La respuesta del periodista no se hizo esperar. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Acuña ofreció disculpas públicas, reconociendo el error cometido y el daño causado a las personas afectadas y a quienes confiaron en su persona y trabajo a lo largo de los años. Además, mencionó problemas de salud mental y anunció que estaba recibiendo ayuda profesional médica. Sin embargo, la situación laboral de Acuña también sufrió un revés. Aunque la estación privada había mantenido al periodista congelado desde el incidente, recientemente se anunció su despido, bajo el pretexto de una reestructuración. Este despido se suma a las repercusiones legales y personales que enfrenta Acuña tras el accidente, marcando un nuevo capítulo en la vida del reconocido periodista.
El día de hoy, tras intensos debates y una amplia participación de legisladores de distintos sectores políticos, la Cámara de Diputados aprobó en particular un proyecto de ley destinado a promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en Chile. La iniciativa, que ahora pasa al Senado para su revisión y eventual aprobación, busca establecer un estatuto especial que consagre el deber estatal de resguardar a aquellos que ejercen el periodismo y la comunicación. La propuesta, originada en una moción liderada por la diputada Nathalie Castillo del Partido Comunista (PC) y respaldada por un grupo diverso de legisladores, contempla medidas específicas para prevenir actos de violencia contra quienes desempeñan estas funciones esenciales en la sociedad. El proyecto fue aprobado en general por la Cámara el pasado 31 de julio, pero retornó a la Comisión de Cultura para ser objeto de indicaciones. Tras integrar estas modificaciones al texto, el proyecto fue respaldado por la Sala en una votación reciente. Entre los cambios introducidos se incluyen disposiciones que amplían los objetivos de la normativa. Por ejemplo, se añadió la necesidad de que los derechos humanos y las libertades fundamentales de los periodistas y comunicadores sean reconocidos en tratados internacionales y consagrados en la Constitución. Asimismo, se ampliaron los derechos y deberes contemplados en la ley, asegurando su aplicabilidad no solo a los periodistas y comunicadores, sino también al medio de comunicación en el que trabajan. El proyecto define de manera clara quiénes son considerados periodistas y trabajadores de las comunicacione s, abarcando desde reporteros y fotógrafos hasta personal de apoyo técnico y traductores, sin requerir necesariamente un título universitario para su inclusión. Se establecen también disposiciones para proteger a aquellos que están en práctica profesional o que han egresado de carreras relacionadas con el periodismo. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la definición de agresión, que abarca una amplia gama de actos que atenten contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de los periodistas y comunicadores, incluyendo desapariciones forzadas, homicidios, y otros actos violentos. Durante la discusión del proyecto en la Cámara, varios diputados resaltaron la importancia de proteger a los periodistas en su labor de defensa de la libertad de expresión y de información. Se mencionaron casos emblemáticos de periodistas que perdieron la vida o fueron víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión, como Francisca Sandoval y Pepe Carrasco. Además, se hizo hincapié en la necesidad de proteger a los comunicadores de la censura y garantizar su acceso a la información, especialmente en momentos de conflicto interno o armado. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, resaltó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registrará las denuncias de agresiones, y que la ley elevará la protección de periodistas y comunicadores a los estándares internacionales de la Ley Marco de la Unesco. Sin embargo, durante la votación, el diputado Stephan Schubert del Partido Republicano anunció reserva de constitucionalidad respecto a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género (Art. 14).
El año 2023 concluye con una cifra de 45 periodistas asesinados en todo el mundo, según el informe anual presentado por la organización sin ánimo de lucro Reporteros Sin Fronteras (RSF). Aunque estos números reflejan una mejora respecto al año anterior, con 16 menos, la preocupación persiste, especialmente en lugares como la Franja de Gaza y México. RSF destaca que la disminución de las muertes de periodistas puede atribuirse a medidas de seguridad en redacciones, capacitación y suministro de equipos de protección, así como a acciones intergubernamentales y de ONGs. Sin embargo, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, señaló su inquietud por la situación en Gaza, donde los periodistas están pagando un alto precio entre la población civil. La denuncia presentada por RSF ante la Corte Penal Internacional (CPI) busca esclarecer los ataques a periodistas en Gaza, donde 13 perdieron la vida. Además, se destaca que, por primera vez desde 2018, el número de periodistas fallecidos en zonas de conflicto supera a los de zonas de paz, principalmente debido a la escalada del conflicto palestino. El informe revela que la guerra entre Israel y Hamás resultó en la muerte de 17 periodistas en dos meses, siendo 13 de ellos en la Franja de Gaza, tres en el Líbano y uno en Israel. Otros periodistas perdieron la vida cubriendo conflictos en diferentes partes del mundo, desde el norte de Camerún hasta Ucrania. México mantiene su trágica posición como el lugar más peligroso en zona de paz para los periodistas, con 4 de los 6 profesionales asesinados en todo el continente americano en 2023. Más de 30 periodistas desaparecieron en el país, lo que, según la ONG, conlleva más autocensura y la proliferación de agujeros negros informativos en la región , especialmente al abordar temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción. Aunque en América Latina el número de periodistas asesinados en acto de servicio disminuyó de 26 en 2022 a 6 en 2023, RSF subraya que no hay una mejora estructural de las condiciones de seguridad en la región. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) no solo destaca la mejora en las cifras de asesinatos de periodistas en 2023, sino también resalta la crítica situación de aquellos que enfrentan encarcelamiento en todo el mundo. Más de la mitad de los periodistas encarcelados están a la espera de juicio, y RSF señala la preocupante concentración en cuatro países: China, Birmania, Bielorrusia y Vietnam. China lidera la lista con 121 periodistas encarcelados, seguido por Birmania con 68, Bielorrusia con 39 y Vietnam con 36. RSF resalta que cerca del 8% de todos los periodistas detenidos a nivel mundial se encuentran recluidos en la provincia autónoma de Sinkiang, donde el régimen de Pekín lleva a cabo una violenta represión contra los uigures, una minoría étnica turcoparlante mayoritariamente musulmana, así como contra extranjeros o personas con doble nacionalidad. En Vietnam, donde los medios reciben órdenes del partido único, RSF denuncia que los periodistas independientes y blogueros son objetivos frecuentes del gobierno, enfrentando penas que oscilan entre 8 y 20 años de cárcel por propaganda antiética y propaganda contra el Estado. En septiembre de 2023, la Junta Militar birmana dictó la condena más extensa contra la prensa, imponiendo 20 años de cárcel al fotoperiodista Sai Zaw Thaike. Bielorrusia se destaca como el país con el mayor número de mujeres periodistas encarceladas en 2023, contando con 10 casos, después de China con 14.
El domingo 22 de octubre del año pasado, Miguel Acuña (quien ha sido un rostro reconocido en la televisión chilena durante 19 años), protagonizó un incidente que marcó un punto de inflexión en su carrera. Conduciendo en estado de ebriedad, atropelló a cuatro personas en la localidad de Lampa, entre ellas un niño de 13 años. Según informes policiales, el periodista arrojó 1,8 gramos de alcohol en la sangre en el alcotest realizado tras el accidente.Al día siguiente del suceso, Acuña fue formalizado por los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones leves, menos graves y graves. El tribunal dictaminó que Acuña quedara con firma mensual y retención de licencia, mientras se fijaban 60 días de investigación. La respuesta del periodista no se hizo esperar. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Acuña ofreció disculpas públicas, reconociendo el error cometido y el daño causado a las personas afectadas y a quienes confiaron en su persona y trabajo a lo largo de los años. Además, mencionó problemas de salud mental y anunció que estaba recibiendo ayuda profesional médica. Sin embargo, la situación laboral de Acuña también sufrió un revés. Aunque la estación privada había mantenido al periodista congelado desde el incidente, recientemente se anunció su despido, bajo el pretexto de una reestructuración. Este despido se suma a las repercusiones legales y personales que enfrenta Acuña tras el accidente, marcando un nuevo capítulo en la vida del reconocido periodista.
El día de hoy, tras intensos debates y una amplia participación de legisladores de distintos sectores políticos, la Cámara de Diputados aprobó en particular un proyecto de ley destinado a promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en Chile. La iniciativa, que ahora pasa al Senado para su revisión y eventual aprobación, busca establecer un estatuto especial que consagre el deber estatal de resguardar a aquellos que ejercen el periodismo y la comunicación. La propuesta, originada en una moción liderada por la diputada Nathalie Castillo del Partido Comunista (PC) y respaldada por un grupo diverso de legisladores, contempla medidas específicas para prevenir actos de violencia contra quienes desempeñan estas funciones esenciales en la sociedad. El proyecto fue aprobado en general por la Cámara el pasado 31 de julio, pero retornó a la Comisión de Cultura para ser objeto de indicaciones. Tras integrar estas modificaciones al texto, el proyecto fue respaldado por la Sala en una votación reciente. Entre los cambios introducidos se incluyen disposiciones que amplían los objetivos de la normativa. Por ejemplo, se añadió la necesidad de que los derechos humanos y las libertades fundamentales de los periodistas y comunicadores sean reconocidos en tratados internacionales y consagrados en la Constitución. Asimismo, se ampliaron los derechos y deberes contemplados en la ley, asegurando su aplicabilidad no solo a los periodistas y comunicadores, sino también al medio de comunicación en el que trabajan. El proyecto define de manera clara quiénes son considerados periodistas y trabajadores de las comunicacione s, abarcando desde reporteros y fotógrafos hasta personal de apoyo técnico y traductores, sin requerir necesariamente un título universitario para su inclusión. Se establecen también disposiciones para proteger a aquellos que están en práctica profesional o que han egresado de carreras relacionadas con el periodismo. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la definición de agresión, que abarca una amplia gama de actos que atenten contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de los periodistas y comunicadores, incluyendo desapariciones forzadas, homicidios, y otros actos violentos. Durante la discusión del proyecto en la Cámara, varios diputados resaltaron la importancia de proteger a los periodistas en su labor de defensa de la libertad de expresión y de información. Se mencionaron casos emblemáticos de periodistas que perdieron la vida o fueron víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión, como Francisca Sandoval y Pepe Carrasco. Además, se hizo hincapié en la necesidad de proteger a los comunicadores de la censura y garantizar su acceso a la información, especialmente en momentos de conflicto interno o armado. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, resaltó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registrará las denuncias de agresiones, y que la ley elevará la protección de periodistas y comunicadores a los estándares internacionales de la Ley Marco de la Unesco. Sin embargo, durante la votación, el diputado Stephan Schubert del Partido Republicano anunció reserva de constitucionalidad respecto a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género (Art. 14).
El año 2023 concluye con una cifra de 45 periodistas asesinados en todo el mundo, según el informe anual presentado por la organización sin ánimo de lucro Reporteros Sin Fronteras (RSF). Aunque estos números reflejan una mejora respecto al año anterior, con 16 menos, la preocupación persiste, especialmente en lugares como la Franja de Gaza y México. RSF destaca que la disminución de las muertes de periodistas puede atribuirse a medidas de seguridad en redacciones, capacitación y suministro de equipos de protección, así como a acciones intergubernamentales y de ONGs. Sin embargo, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, señaló su inquietud por la situación en Gaza, donde los periodistas están pagando un alto precio entre la población civil. La denuncia presentada por RSF ante la Corte Penal Internacional (CPI) busca esclarecer los ataques a periodistas en Gaza, donde 13 perdieron la vida. Además, se destaca que, por primera vez desde 2018, el número de periodistas fallecidos en zonas de conflicto supera a los de zonas de paz, principalmente debido a la escalada del conflicto palestino. El informe revela que la guerra entre Israel y Hamás resultó en la muerte de 17 periodistas en dos meses, siendo 13 de ellos en la Franja de Gaza, tres en el Líbano y uno en Israel. Otros periodistas perdieron la vida cubriendo conflictos en diferentes partes del mundo, desde el norte de Camerún hasta Ucrania. México mantiene su trágica posición como el lugar más peligroso en zona de paz para los periodistas, con 4 de los 6 profesionales asesinados en todo el continente americano en 2023. Más de 30 periodistas desaparecieron en el país, lo que, según la ONG, conlleva más autocensura y la proliferación de agujeros negros informativos en la región , especialmente al abordar temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción. Aunque en América Latina el número de periodistas asesinados en acto de servicio disminuyó de 26 en 2022 a 6 en 2023, RSF subraya que no hay una mejora estructural de las condiciones de seguridad en la región. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) no solo destaca la mejora en las cifras de asesinatos de periodistas en 2023, sino también resalta la crítica situación de aquellos que enfrentan encarcelamiento en todo el mundo. Más de la mitad de los periodistas encarcelados están a la espera de juicio, y RSF señala la preocupante concentración en cuatro países: China, Birmania, Bielorrusia y Vietnam. China lidera la lista con 121 periodistas encarcelados, seguido por Birmania con 68, Bielorrusia con 39 y Vietnam con 36. RSF resalta que cerca del 8% de todos los periodistas detenidos a nivel mundial se encuentran recluidos en la provincia autónoma de Sinkiang, donde el régimen de Pekín lleva a cabo una violenta represión contra los uigures, una minoría étnica turcoparlante mayoritariamente musulmana, así como contra extranjeros o personas con doble nacionalidad. En Vietnam, donde los medios reciben órdenes del partido único, RSF denuncia que los periodistas independientes y blogueros son objetivos frecuentes del gobierno, enfrentando penas que oscilan entre 8 y 20 años de cárcel por propaganda antiética y propaganda contra el Estado. En septiembre de 2023, la Junta Militar birmana dictó la condena más extensa contra la prensa, imponiendo 20 años de cárcel al fotoperiodista Sai Zaw Thaike. Bielorrusia se destaca como el país con el mayor número de mujeres periodistas encarceladas en 2023, contando con 10 casos, después de China con 14.
