La Sala del Senado respaldó una iniciativa que busca otorgar una vigencia especial a las cédulas de identidad de adultos mayores. El proyecto tiene como objetivo permitir que las personas de la cuarta edad y mayores de 60 años en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet con una duración de 20 años. El senador David Sandoval explicó las modificaciones realizadas al proyecto durante su análisis en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. En concreto, se pretende que las cédulas de adultos mayores que se encuentren en la cuarta edad y aquellas personas mayores de 60 años en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud puedan ser emitidas con una validez de dos décadas. Tras ser aprobado por la Sala del Senado, el proyecto pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según el texto, estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio chileno. Además, se establece que si las personas beneficiadas por la ley desean utilizar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil. Fuente: CNN Chile País
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, destacó como un “avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado” la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que obliga a acreditar la procedencia lícita de los recursos utilizados para financiar defensas judiciales en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y otros delitos graves. La iniciativa, despachada ahora al Senado, fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente. El proyecto prohíbe expresamente el pago en efectivo a abogados defensores, estableciendo como únicos medios válidos aquellos que aseguren trazabilidad, tales como transferencias electrónicas, cheques, vale vista o tarjetas bancarias. “Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, sostuvo el parlamentario gremialista, quien ha tenido un rol activo en la tramitación de la iniciativa. El texto legal también impone a los abogados la obligación de justificar el origen de los pagos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa. El incumplimiento de esta normativa podrá derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año. Cabe destacar que esta obligación no aplica a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública. Adicionalmente, la normativa contempla una reforma a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiendo al organismo informar sobre estos pagos cuando corresponda. También se extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza. “El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Benavente.
La Sala del Senado respaldó una iniciativa que busca otorgar una vigencia especial a las cédulas de identidad de adultos mayores. El proyecto tiene como objetivo permitir que las personas de la cuarta edad y mayores de 60 años en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet con una duración de 20 años. El senador David Sandoval explicó las modificaciones realizadas al proyecto durante su análisis en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. En concreto, se pretende que las cédulas de adultos mayores que se encuentren en la cuarta edad y aquellas personas mayores de 60 años en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud puedan ser emitidas con una validez de dos décadas. Tras ser aprobado por la Sala del Senado, el proyecto pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según el texto, estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio chileno. Además, se establece que si las personas beneficiadas por la ley desean utilizar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil. Fuente: CNN Chile País
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, destacó como un “avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado” la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que obliga a acreditar la procedencia lícita de los recursos utilizados para financiar defensas judiciales en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y otros delitos graves. La iniciativa, despachada ahora al Senado, fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente. El proyecto prohíbe expresamente el pago en efectivo a abogados defensores, estableciendo como únicos medios válidos aquellos que aseguren trazabilidad, tales como transferencias electrónicas, cheques, vale vista o tarjetas bancarias. “Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, sostuvo el parlamentario gremialista, quien ha tenido un rol activo en la tramitación de la iniciativa. El texto legal también impone a los abogados la obligación de justificar el origen de los pagos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa. El incumplimiento de esta normativa podrá derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año. Cabe destacar que esta obligación no aplica a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública. Adicionalmente, la normativa contempla una reforma a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiendo al organismo informar sobre estos pagos cuando corresponda. También se extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza. “El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Benavente.
