El 21 de marzo se iniciarán las obras civiles del proyecto de mejoramiento Eje Maipú, Januario Espinoza y Carmen de Linares, financiado con recursos del Gobierno Regional del Maule y bajo la atenta inspección de SERVIU región del Maule. La iniciativa pública mejorará la conexión vial entre el sector oriente y poniente de la capital provincial, con un paso bajo la vía férrea en Maipú, calle que tendrá un nuevo estándar entre Baquedano y Yungay. Además, está considerada la modernización del eje Januario Espinoza (entre Maipú y Barbosa) y calle Carmen (entre Rengo y Kurt Möller). “Como Gobierno Regional del Maule vamos a inyectar en la comuna de Linares 23.370 millones de pesos, que es el 100% del costo que tienen las obras físicas. Este financiamiento permitirá dar mayor conectividad a la capital provincial, mejorando los desplazamientos en el centro histórico de la ciudad. Esta inversión fue aprobada por nuestros consejeros y consejeras regionales de manera unánime, ya que sabemos que los y las linarenses se merecen una mejor calidad de vida” , manifestó la gobernadora Cristina Bravo Castro. La autoridad confirmó “la autorización del Ministerio de Transportes en cuanto a los desvíos de tránsito para iniciar los trabajos en el primer sector que corresponde a la calle Maipú, entre Carmen y Baquedano. Hemos solicitado a SERVIU que tomen todos los resguardos posibles para reducir las incomodidades que va a generar este tipo de tremenda inversión para la comuna de Linares” . “Este megaproyecto vial considera mejorar cuatro kilómetros en pleno centro de Linares, con obras que se extenderán durante los próximos cuatro años. Para reducir las molestias en los desplazamientos dentro de la ciudad, hemos decidido trabajar por sectores. Iniciaremos las obras en calle Maipú, entre Carmen y Baquedano, tramo en que efectuaremos la demolición de pavimentos, la reposición del sistema de evacuación de aguas lluvias, para luego hormigonar la vía y finalmente reponer las aceras”, explicó la directora SERVIU Paula Oliva Aravena. La ingeniera constructor informó que “si no enfrentamos mayores inconvenientes, entregaremos el tramo entre calle Carmen y Baquedano en septiembre próximo, con una infraestructura que ofrecerá desplazamientos más seguros para peatones, ciclistas, automovilistas, locomoción colectiva y el transporte de carga” . La obra ofrecerá accesibilidad universal, una ciclovía de 1,6 kilómetros, 650 nuevas luminarias led, 640 nuevos árboles y semaforización conectada al sistema de control de tránsito. “El gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric nos encomendó el desarrollo del Plan Ciudades Justas, que tiene entre sus objetivos dar respuesta a los requerimientos de un desarrollo sustentable en los diferentes territorios que aborda. El Programa de Vialidad Urbana de nuestro ministerio permite ejecutar la infraestructura necesaria para la eficiente integración de los distintos tipos de movilidad, priorizando el transporte activo, es decir, de peatones y ciclistas, y también el transporte público masivo. Con ello se logra un mejor uso de los recursos energéticos, de tiempo y de espacio de nuestros centros urbanos. Hoy ya es una realidad el proceso de modernización que vivirán todas y todos los vecinos de Linares con este proyecto de mejoramiento integral que busca conectar de mejor manera los diferentes sectores de la ciudad” , contextualizó el seremi MINVU Pablo Campos Banus. Los organismos involucrados en el proyecto desplegarán una fuerte campaña de difusión durante las primeras semanas de marzo, para informar a la ciudadanía las restricciones de tránsito y desvíos que requiere la ejecución de obras en calle Maipú, entre Carmen y Baquedano.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
La Policía de Investigaciones llevó a cabo la mañana de este jueves una serie de diligencias simultáneas en diversas oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda en distintas capitales regionales del país. Este operativo se enmarca en el denominadoCaso Convenios, investigado por presuntos traspasos irregulares de recursos públicos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. La solicitud para llevar a cabo estas diligencias provino del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda, quien lidera la investigación en conjunto con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. Las indagaciones se centran en esclarecer los movimientos financieros y las posibles irregularidades en relación con los convenios suscritos entre el Minvu y las mencionadas fundaciones. Alrededor de las 10:00 horas, equipos de funcionarios del Ministerio Público, en colaboración con personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, ingresaron a las dependencias gubernamentales en ciudades como Temuco, Valparaíso y La Serena, entre otras. Este despliegue abarcó ocho regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció sobre estas acciones, destacando que se trata de visitas para recabar información y no de allanamientos. Montes informó que se ha solicitado información específica, incluyendo un computador, relacionada con las actividades de las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. El secretario de Estado expresó que estas diligencias fueron iniciadas a raíz de inconsistencias detectadas durante investigaciones internas. Montes afirmó: Descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y por eso hicimos la denuncia al Ministerio Público. Además, Montes enfatizó el compromiso de su cartera con la transparencia y colaboración en la investigación: Desde el primer momento, a todas las instituciones del Ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado. El ministro concluyó señalando que entregó personalmente toda la información relevante poco después de que el caso se hiciera público en Antofagasta, subrayando la importancia de descubrir la verdad y sancionar a quienes hayan cometido delitos en este contexto.
El 21 de marzo se iniciarán las obras civiles del proyecto de mejoramiento Eje Maipú, Januario Espinoza y Carmen de Linares, financiado con recursos del Gobierno Regional del Maule y bajo la atenta inspección de SERVIU región del Maule. La iniciativa pública mejorará la conexión vial entre el sector oriente y poniente de la capital provincial, con un paso bajo la vía férrea en Maipú, calle que tendrá un nuevo estándar entre Baquedano y Yungay. Además, está considerada la modernización del eje Januario Espinoza (entre Maipú y Barbosa) y calle Carmen (entre Rengo y Kurt Möller). “Como Gobierno Regional del Maule vamos a inyectar en la comuna de Linares 23.370 millones de pesos, que es el 100% del costo que tienen las obras físicas. Este financiamiento permitirá dar mayor conectividad a la capital provincial, mejorando los desplazamientos en el centro histórico de la ciudad. Esta inversión fue aprobada por nuestros consejeros y consejeras regionales de manera unánime, ya que sabemos que los y las linarenses se merecen una mejor calidad de vida” , manifestó la gobernadora Cristina Bravo Castro. La autoridad confirmó “la autorización del Ministerio de Transportes en cuanto a los desvíos de tránsito para iniciar los trabajos en el primer sector que corresponde a la calle Maipú, entre Carmen y Baquedano. Hemos solicitado a SERVIU que tomen todos los resguardos posibles para reducir las incomodidades que va a generar este tipo de tremenda inversión para la comuna de Linares” . “Este megaproyecto vial considera mejorar cuatro kilómetros en pleno centro de Linares, con obras que se extenderán durante los próximos cuatro años. Para reducir las molestias en los desplazamientos dentro de la ciudad, hemos decidido trabajar por sectores. Iniciaremos las obras en calle Maipú, entre Carmen y Baquedano, tramo en que efectuaremos la demolición de pavimentos, la reposición del sistema de evacuación de aguas lluvias, para luego hormigonar la vía y finalmente reponer las aceras”, explicó la directora SERVIU Paula Oliva Aravena. La ingeniera constructor informó que “si no enfrentamos mayores inconvenientes, entregaremos el tramo entre calle Carmen y Baquedano en septiembre próximo, con una infraestructura que ofrecerá desplazamientos más seguros para peatones, ciclistas, automovilistas, locomoción colectiva y el transporte de carga” . La obra ofrecerá accesibilidad universal, una ciclovía de 1,6 kilómetros, 650 nuevas luminarias led, 640 nuevos árboles y semaforización conectada al sistema de control de tránsito. “El gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric nos encomendó el desarrollo del Plan Ciudades Justas, que tiene entre sus objetivos dar respuesta a los requerimientos de un desarrollo sustentable en los diferentes territorios que aborda. El Programa de Vialidad Urbana de nuestro ministerio permite ejecutar la infraestructura necesaria para la eficiente integración de los distintos tipos de movilidad, priorizando el transporte activo, es decir, de peatones y ciclistas, y también el transporte público masivo. Con ello se logra un mejor uso de los recursos energéticos, de tiempo y de espacio de nuestros centros urbanos. Hoy ya es una realidad el proceso de modernización que vivirán todas y todos los vecinos de Linares con este proyecto de mejoramiento integral que busca conectar de mejor manera los diferentes sectores de la ciudad” , contextualizó el seremi MINVU Pablo Campos Banus. Los organismos involucrados en el proyecto desplegarán una fuerte campaña de difusión durante las primeras semanas de marzo, para informar a la ciudadanía las restricciones de tránsito y desvíos que requiere la ejecución de obras en calle Maipú, entre Carmen y Baquedano.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
La Policía de Investigaciones llevó a cabo la mañana de este jueves una serie de diligencias simultáneas en diversas oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda en distintas capitales regionales del país. Este operativo se enmarca en el denominadoCaso Convenios, investigado por presuntos traspasos irregulares de recursos públicos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. La solicitud para llevar a cabo estas diligencias provino del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda, quien lidera la investigación en conjunto con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. Las indagaciones se centran en esclarecer los movimientos financieros y las posibles irregularidades en relación con los convenios suscritos entre el Minvu y las mencionadas fundaciones. Alrededor de las 10:00 horas, equipos de funcionarios del Ministerio Público, en colaboración con personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, ingresaron a las dependencias gubernamentales en ciudades como Temuco, Valparaíso y La Serena, entre otras. Este despliegue abarcó ocho regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció sobre estas acciones, destacando que se trata de visitas para recabar información y no de allanamientos. Montes informó que se ha solicitado información específica, incluyendo un computador, relacionada con las actividades de las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. El secretario de Estado expresó que estas diligencias fueron iniciadas a raíz de inconsistencias detectadas durante investigaciones internas. Montes afirmó: Descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y por eso hicimos la denuncia al Ministerio Público. Además, Montes enfatizó el compromiso de su cartera con la transparencia y colaboración en la investigación: Desde el primer momento, a todas las instituciones del Ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado. El ministro concluyó señalando que entregó personalmente toda la información relevante poco después de que el caso se hiciera público en Antofagasta, subrayando la importancia de descubrir la verdad y sancionar a quienes hayan cometido delitos en este contexto.
