En la tercera jornada de formalización contra quienes asoman como responsables del Caso Sartor, la Fiscalía detalló la argumentación para solicitar prisión preventiva contra algunos de los involucrados. Al respecto, la orgánica fundamentó la solicitud contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. En cuanto a la situación del expresidente de Azul Azul, la Fiscalía argumentó la solicitud de prisión preventiva con tal de asegurar el éxito de diligencias pendientes ante la sospecha de que pueda obstaculizar la investigación por la destrucción de elementos de prueba. Además, plantearon que su libertad constituye un peligro para la sociedad. “Es una estructura sofisticada. El señor Clark priorizó sus intereses por sobre el deber de lealtad que tenía hacia los aportantes”, resaltaron. Eso además de enumerar los delitos de los cuales se acusa a Michael Clark: administración desleal, estafa, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA (oferta pública de acciones), lavado de activos y contrato simulado. En la suma de las acciones, todas estas situaciones implican pena de crimen, rango bajo el cual, bajo el argumento de la Fiscalía, no proceden cautelares con menor intensidad, junto con considerar que tanto él como los exdirectores de Sartor actúan en pandilla. Se espera que mañana martes expongan los abogados querellantes del caso y que el miércoles comience ya la defensa de los imputados ante la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
Michael Clark brindó declaraciones este lunes luego de la tercera jornada de la audiencia de formalización en su contra por su implicación en el Caso Sartor, donde la Fiscalía presentó los cargos que justifican su solicitud de prisión preventiva. “Hemos conocido los fundamentos de las acusaciones en nuestra contra. El miércoles tendremos la oportunidad de rebatir lo expuesto. Me siento tranquilo, es evidente que no ejercía poder y mi participación era mínima”, expresó el exmandatario de Azul Azul. “No puedo adelantar mi defensa ante el tribunal. La situación es desagradable, pero estoy sereno”, subrayó, señalando que, desde su punto de vista, está menos comprometido que otros exmiembros de Sartor. “Nunca fui socio ni tuve acciones o influencia en Sartor. Fui asesor por un tiempo. No tenía voto. No se ha presentado ningún documento legal con mi firma relacionado con Sartor y desde 2021 me dediqué a la U”, afirmó Michael Clark. Después de enfrentar a los medios, al salir del Centro de Justicia, el expresidente de la U de Chile fue confrontado por un grupo de seguidores. Mientras recibía fuertes insultos, los fanáticos azules le lanzaron billetes con su rostro, reprochándole su papel en la venta de acciones que lo habían convertido en el principal accionista de la sociedad anónima deportiva. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la formalización del caso Sartor, que inició este jueves, se revelaron detalles financieros que ponen en entredicho el papel de Michael Clark, actual máximo accionista de Universidad de Chile, en operaciones que la Fiscalía considera clave para demostrar posibles delitos relacionados con la gestión de fondos de inversión, estafa, administración desleal, lavado de dinero, entre otros. Uno de los puntos centrales de la investigación se centra en Redwood Capital SpA, empresa fundada en 2015 por Michael Clark junto a Daniel Subelman y Felipe Soto Olgueta. Según la formalización, Clark se convirtió en el único accionista de la compañía en junio de 2023, poco antes de una transacción cuestionada por las autoridades financieras. En una audiencia se detalló que El 28 de septiembre de 2023, el FIP Deuda Privada otorgó financiamientos a Redwood por $875.000.000, crédito que aumentó hasta $901.000.000 en enero de 2024. El único aportante del FIP Deuda Privada a marzo de 2024 era el FI Sartor Táctico administrado por Sartor AGF S.A.. De esta manera, Sartor AGF prestó dinero a Clark que había sido invertido por las víctimas en dicha administradora general de fondos. Con los fondos obtenidos, Clark adquirió el Bono Nexus por $810.942.034 y posteriormente lo vendió por $1.255.299.515 a un fondo gestionado por Sartor AGF. Nexus es la sociedad controladora de la Isapre MasVida, propiedad de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg. Esta operación le valió a Michael Clark una multa de UF 65.000 ($2.654.911.350 pesos) y la inhabilitación para ser director durante 5 años impuesta por la CMF en 2025. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el Fondo de Inversión Privado Deuda Privada otorgó un financiamiento a Redwood Capital por $875 millones el 28 de septiembre de 2023. Posteriormente, la deuda aumentó a $901 millones tras la capitalización de intereses. La Fiscalía sostiene que esos fondos se utilizaron para adquirir el Bono Nexus, sociedad matriz de Isapre MasVida (de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg), por más de $810 millones y luego venderlo por $1.255 millones a un fondo gestionado por Sartor AGF. La diferencia entre ambas sumas generó una ganancia superior a los $380 millones y resultó en sanciones administrativas previas por parte de la CMF contra Michael Clark y otros miembros del directorio de Sartor AGF. Se sostiene en la formalización que Clark habría utilizado su posición dentro de la administradora para obtener financiamiento indirecto proveniente de fondos manejados por Sartor, beneficiándose económicamente mediante una operación que según la Fiscalía podría haber sido realizada directamente por los fondos administrados por Sartor. Otro aspecto investigado es el financiamiento para adquirir acciones de Azul Azul S.A. a Carlos Heller en 2021. Inversiones Cerro El Plomo (administrada por Sartor AGF) realizó contribuciones al FIP Tactical Sport para comprar el 63,07% de las acciones del grupo dueño del club Universidad de Chile. La Fiscalía menciona una serie de pagarés emitidos durante abril y noviembre del mismo año por montos superiores a los $4.300 millones y obligaciones expresadas en UF que aún no han sido saldadas. Se argumenta que recursos provenientes de inversores que podrían haber sido defraudados y pertenecientes a fondos manejados por Sartor terminaron siendo utilizados para financiar la operación que permitió tomar control sobre Azul Azul. Tanto Michael Clark como Pedro Pablo Larraín y otros exdirectivos y ejecutivos previamente habían sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la CMF debido a estos hechos. La formalización también incluye detalles sobre un contrato firmado en enero del 2024 entre el FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada para explorar la venta total o parcial del fondo propietario del club Universidad de Chile. Los honorarios acordados con esta asesoría fueron pagados por Bigsilver S.A., empresa vinculada a Patricio Kiblisky Fried. Además, información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero sugiere posibles conexiones entre financistas asociados con Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg relacionadas con el financiamiento utilizado para comprar acciones en Azul Azul. Todos estos datos serán presentados durante una formalización que se espera dure varios días y será crucial en la investigación penal contra exdirectores y ejecutivos del grupo Sartor. La Fiscalía buscará probar delitos como administración desleal, estafa e infracciones a leyes financieras mientras las defensas preparan sus argumentos para refutar las acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
En los últimos días, las negociaciones sobre la incertidumbre de los conciertos de BTS han sido el centro de atención, especialmente en relación con el uso del Estadio Nacional. Las presentaciones programadas de la banda de k-pop para el 14, 16 y 17 de octubre, con un escenario 360° en plena cancha de Ñuñoa, inicialmente fueron rechazadas por el Instituto Nacional del Deporte. Sin embargo, las posiciones han ido evolucionando gradualmente, con la Ministra del Deporte, Natalia Duco, asumiendo un papel clave en la gestión del conflicto tanto en público como en privado. Según información de ADN Deportes, si se llega a un acuerdo, el IND necesitará al menos seis semanas para restaurar la cancha del Estadio Nacional. En este escenario, Universidad de Chile sería uno de los principales afectados por la presentación de BTS en suelo nacional, ya que el césped no estaría en condiciones hasta principios de noviembre. Como resultado, los azules deberán encontrar otro estadio para disputar sus últimos tres partidos como local: contra Everton (24-25 de octubre), Cobresal (7-8 de noviembre) y Unión La Calera (5-6 de diciembre). Además, se debe considerar que el Estadio Nacional albergará otros eventos durante ese período, como los conciertos de Iron Maiden (31 de octubre y 1 de noviembre) y el cierre final de la Teletón (6 y 7 de noviembre), lo que complicaría aún más la disponibilidad del recinto para el fútbol. Todo apunta a que el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Ñublensa por la fecha 24 de la Liga de Primera podría ser el último partido del equipo universitario en Ñuñoa en 2026. Esta situación también afectaría a la selección chilena, que se vería imposibilitada de jugar en la fecha FIFA de noviembre, obligando a la ANFP a buscar otras opciones como el Monumental, el Claro Arena o incluso el Ester Roa Rebolledo para disputar dicho compromiso amistoso proyectado en Quilin 5635. Fuente: ADN Radio Nacional
La rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, ha reiterado su postura sobre la revisión del contrato con el club deportivo en medio de los problemas legales en los que Azul Azul y sus dueños se han visto envueltos. En una entrevista con el canal CNN Chile, la sucesora de Rosa Devés expresó su desconocimiento sobre los verdaderos propietarios de la institución y no descartó la posibilidad de eliminar el nombre y los símbolos de la Universidad del equipo de fútbol. “No lo sabemos, la rectora también lo ha dicho. Lo que se está haciendo, es que se pidió un informe en derecho a una oficina de abogados, para tener muy buena información de cuáles son las formas en las que la Universidad puede actuar con respecto al club deportivo ”, explicó Mizala sobre los dueños de Azul Azul y la revisión del convenio con la sociedad anónima. “Por supuesto que a todos nos preocupa, ha habido falta de transparencia, pero además, lo que quiero decir es que en la Universidad no hay dos opiniones respecto a que, por ejemplo, el convenio que la Universidad tiene con el club deportivo debe ser revisado. Primero que nada, para asegurar que se cumple con el espíritu del convenio original, que eran los valores y emblemas de la Universidad ”, agregó la economista. En cuanto a la posibilidad de retirar el nombre y los emblemas del club de fútbol, Mizala afirmó: “ Dependerá de lo que diga ese informe en derecho, no se descarta nada. Pero repito que es muy importante tener un respaldo jurídico sólido para tomar decisiones y no solo basarse en opiniones personales, por más preocupantes que sean”, concluyó Mizala. Fuente: ADN Deportes
En la tercera jornada de formalización contra quienes asoman como responsables del Caso Sartor, la Fiscalía detalló la argumentación para solicitar prisión preventiva contra algunos de los involucrados. Al respecto, la orgánica fundamentó la solicitud contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. En cuanto a la situación del expresidente de Azul Azul, la Fiscalía argumentó la solicitud de prisión preventiva con tal de asegurar el éxito de diligencias pendientes ante la sospecha de que pueda obstaculizar la investigación por la destrucción de elementos de prueba. Además, plantearon que su libertad constituye un peligro para la sociedad. “Es una estructura sofisticada. El señor Clark priorizó sus intereses por sobre el deber de lealtad que tenía hacia los aportantes”, resaltaron. Eso además de enumerar los delitos de los cuales se acusa a Michael Clark: administración desleal, estafa, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA (oferta pública de acciones), lavado de activos y contrato simulado. En la suma de las acciones, todas estas situaciones implican pena de crimen, rango bajo el cual, bajo el argumento de la Fiscalía, no proceden cautelares con menor intensidad, junto con considerar que tanto él como los exdirectores de Sartor actúan en pandilla. Se espera que mañana martes expongan los abogados querellantes del caso y que el miércoles comience ya la defensa de los imputados ante la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
Michael Clark brindó declaraciones este lunes luego de la tercera jornada de la audiencia de formalización en su contra por su implicación en el Caso Sartor, donde la Fiscalía presentó los cargos que justifican su solicitud de prisión preventiva. “Hemos conocido los fundamentos de las acusaciones en nuestra contra. El miércoles tendremos la oportunidad de rebatir lo expuesto. Me siento tranquilo, es evidente que no ejercía poder y mi participación era mínima”, expresó el exmandatario de Azul Azul. “No puedo adelantar mi defensa ante el tribunal. La situación es desagradable, pero estoy sereno”, subrayó, señalando que, desde su punto de vista, está menos comprometido que otros exmiembros de Sartor. “Nunca fui socio ni tuve acciones o influencia en Sartor. Fui asesor por un tiempo. No tenía voto. No se ha presentado ningún documento legal con mi firma relacionado con Sartor y desde 2021 me dediqué a la U”, afirmó Michael Clark. Después de enfrentar a los medios, al salir del Centro de Justicia, el expresidente de la U de Chile fue confrontado por un grupo de seguidores. Mientras recibía fuertes insultos, los fanáticos azules le lanzaron billetes con su rostro, reprochándole su papel en la venta de acciones que lo habían convertido en el principal accionista de la sociedad anónima deportiva. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la formalización del caso Sartor, que inició este jueves, se revelaron detalles financieros que ponen en entredicho el papel de Michael Clark, actual máximo accionista de Universidad de Chile, en operaciones que la Fiscalía considera clave para demostrar posibles delitos relacionados con la gestión de fondos de inversión, estafa, administración desleal, lavado de dinero, entre otros. Uno de los puntos centrales de la investigación se centra en Redwood Capital SpA, empresa fundada en 2015 por Michael Clark junto a Daniel Subelman y Felipe Soto Olgueta. Según la formalización, Clark se convirtió en el único accionista de la compañía en junio de 2023, poco antes de una transacción cuestionada por las autoridades financieras. En una audiencia se detalló que El 28 de septiembre de 2023, el FIP Deuda Privada otorgó financiamientos a Redwood por $875.000.000, crédito que aumentó hasta $901.000.000 en enero de 2024. El único aportante del FIP Deuda Privada a marzo de 2024 era el FI Sartor Táctico administrado por Sartor AGF S.A.. De esta manera, Sartor AGF prestó dinero a Clark que había sido invertido por las víctimas en dicha administradora general de fondos. Con los fondos obtenidos, Clark adquirió el Bono Nexus por $810.942.034 y posteriormente lo vendió por $1.255.299.515 a un fondo gestionado por Sartor AGF. Nexus es la sociedad controladora de la Isapre MasVida, propiedad de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg. Esta operación le valió a Michael Clark una multa de UF 65.000 ($2.654.911.350 pesos) y la inhabilitación para ser director durante 5 años impuesta por la CMF en 2025. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el Fondo de Inversión Privado Deuda Privada otorgó un financiamiento a Redwood Capital por $875 millones el 28 de septiembre de 2023. Posteriormente, la deuda aumentó a $901 millones tras la capitalización de intereses. La Fiscalía sostiene que esos fondos se utilizaron para adquirir el Bono Nexus, sociedad matriz de Isapre MasVida (de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg), por más de $810 millones y luego venderlo por $1.255 millones a un fondo gestionado por Sartor AGF. La diferencia entre ambas sumas generó una ganancia superior a los $380 millones y resultó en sanciones administrativas previas por parte de la CMF contra Michael Clark y otros miembros del directorio de Sartor AGF. Se sostiene en la formalización que Clark habría utilizado su posición dentro de la administradora para obtener financiamiento indirecto proveniente de fondos manejados por Sartor, beneficiándose económicamente mediante una operación que según la Fiscalía podría haber sido realizada directamente por los fondos administrados por Sartor. Otro aspecto investigado es el financiamiento para adquirir acciones de Azul Azul S.A. a Carlos Heller en 2021. Inversiones Cerro El Plomo (administrada por Sartor AGF) realizó contribuciones al FIP Tactical Sport para comprar el 63,07% de las acciones del grupo dueño del club Universidad de Chile. La Fiscalía menciona una serie de pagarés emitidos durante abril y noviembre del mismo año por montos superiores a los $4.300 millones y obligaciones expresadas en UF que aún no han sido saldadas. Se argumenta que recursos provenientes de inversores que podrían haber sido defraudados y pertenecientes a fondos manejados por Sartor terminaron siendo utilizados para financiar la operación que permitió tomar control sobre Azul Azul. Tanto Michael Clark como Pedro Pablo Larraín y otros exdirectivos y ejecutivos previamente habían sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la CMF debido a estos hechos. La formalización también incluye detalles sobre un contrato firmado en enero del 2024 entre el FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada para explorar la venta total o parcial del fondo propietario del club Universidad de Chile. Los honorarios acordados con esta asesoría fueron pagados por Bigsilver S.A., empresa vinculada a Patricio Kiblisky Fried. Además, información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero sugiere posibles conexiones entre financistas asociados con Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg relacionadas con el financiamiento utilizado para comprar acciones en Azul Azul. Todos estos datos serán presentados durante una formalización que se espera dure varios días y será crucial en la investigación penal contra exdirectores y ejecutivos del grupo Sartor. La Fiscalía buscará probar delitos como administración desleal, estafa e infracciones a leyes financieras mientras las defensas preparan sus argumentos para refutar las acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
En los últimos días, las negociaciones sobre la incertidumbre de los conciertos de BTS han sido el centro de atención, especialmente en relación con el uso del Estadio Nacional. Las presentaciones programadas de la banda de k-pop para el 14, 16 y 17 de octubre, con un escenario 360° en plena cancha de Ñuñoa, inicialmente fueron rechazadas por el Instituto Nacional del Deporte. Sin embargo, las posiciones han ido evolucionando gradualmente, con la Ministra del Deporte, Natalia Duco, asumiendo un papel clave en la gestión del conflicto tanto en público como en privado. Según información de ADN Deportes, si se llega a un acuerdo, el IND necesitará al menos seis semanas para restaurar la cancha del Estadio Nacional. En este escenario, Universidad de Chile sería uno de los principales afectados por la presentación de BTS en suelo nacional, ya que el césped no estaría en condiciones hasta principios de noviembre. Como resultado, los azules deberán encontrar otro estadio para disputar sus últimos tres partidos como local: contra Everton (24-25 de octubre), Cobresal (7-8 de noviembre) y Unión La Calera (5-6 de diciembre). Además, se debe considerar que el Estadio Nacional albergará otros eventos durante ese período, como los conciertos de Iron Maiden (31 de octubre y 1 de noviembre) y el cierre final de la Teletón (6 y 7 de noviembre), lo que complicaría aún más la disponibilidad del recinto para el fútbol. Todo apunta a que el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Ñublensa por la fecha 24 de la Liga de Primera podría ser el último partido del equipo universitario en Ñuñoa en 2026. Esta situación también afectaría a la selección chilena, que se vería imposibilitada de jugar en la fecha FIFA de noviembre, obligando a la ANFP a buscar otras opciones como el Monumental, el Claro Arena o incluso el Ester Roa Rebolledo para disputar dicho compromiso amistoso proyectado en Quilin 5635. Fuente: ADN Radio Nacional
La rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, ha reiterado su postura sobre la revisión del contrato con el club deportivo en medio de los problemas legales en los que Azul Azul y sus dueños se han visto envueltos. En una entrevista con el canal CNN Chile, la sucesora de Rosa Devés expresó su desconocimiento sobre los verdaderos propietarios de la institución y no descartó la posibilidad de eliminar el nombre y los símbolos de la Universidad del equipo de fútbol. “No lo sabemos, la rectora también lo ha dicho. Lo que se está haciendo, es que se pidió un informe en derecho a una oficina de abogados, para tener muy buena información de cuáles son las formas en las que la Universidad puede actuar con respecto al club deportivo ”, explicó Mizala sobre los dueños de Azul Azul y la revisión del convenio con la sociedad anónima. “Por supuesto que a todos nos preocupa, ha habido falta de transparencia, pero además, lo que quiero decir es que en la Universidad no hay dos opiniones respecto a que, por ejemplo, el convenio que la Universidad tiene con el club deportivo debe ser revisado. Primero que nada, para asegurar que se cumple con el espíritu del convenio original, que eran los valores y emblemas de la Universidad ”, agregó la economista. En cuanto a la posibilidad de retirar el nombre y los emblemas del club de fútbol, Mizala afirmó: “ Dependerá de lo que diga ese informe en derecho, no se descarta nada. Pero repito que es muy importante tener un respaldo jurídico sólido para tomar decisiones y no solo basarse en opiniones personales, por más preocupantes que sean”, concluyó Mizala. Fuente: ADN Deportes
