En el proceso judicial figuran como imputados Tomás González García y Francisco Novoa Gómez, acusados de conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, y de tener responsabilidad directa en el accidente que provocó la muerte del joven. El accidente ocurrió el 5 de junio de 2022, alrededor de las 04:30 horas, en la Ruta L-25 en Linares. De acuerdo con la investigación: González conducía un vehículo Toyota RAV4 bajo los efectos del alcohol (1,31 g/L) y drogas (THC), a exceso de velocidad y con sus facultades disminuidas. Novoa estaba detenido en la vía al volante de un Toyota Tercel, también con alcohol en su organismo (0,57 g/L) y sin los elementos de seguridad exigidos, generando un riesgo inminente. La colisión inicial proyectó el vehículo de Novoa contra otro automóvil detenido en sentido contrario, lo que derivó en el fallecimiento de Cancino Medel, quien viajaba como acompañante. El informe médico legal determinó que murió a causa de un politraumatismo severo. Tras el accidente, González huyó del lugar sin prestar auxilio ni informar a la autoridad. La fiscal Carmen Gloria Caamaño solicitó duras penas: Para González: 7 años de presidio mayor, 4 años de presidio menor por no auxiliar, multas de 35 UTM, inhabilidad perpetua para conducir y ejercer cargos públicos, además del comiso del vehículo. Para Novoa: 4 años de presidio menor, multa de 25 UTM y suspensión de licencia por 45 meses. Víctor Cancino, oriundo de Los Maquis (San Javier-Constitución), era un joven tranquilo, trabajador y amante del campo, los caballos y la música ranchera, cuya muerte ha conmovido profundamente a la comunidad local. El juicio se desarrolla bajo la presidencia del magistrado Christian Leyton Serrano, con los jueces Cristián Adriazola Jeria y Elizabeth Rodríguez Hernández como integrantes del tribunal. Los alegatos de clausura están programados para esta semana, tras lo cual se dictará el veredicto.
Paralelamente, el Tribunal declaró admisible la querella presentada por la concejala en ejercicio Patricia Ferrada, en contra del exalcalde y actual candidato a diputado del Partido Republicano, Cristian Menchaca, sindicado como responsable de dichas operaciones, lo que podría derivar en sanciones penales. En cuanto al sumario, se espera la colaboración de la actual administración encabezada por el alcalde Jaime Briones, especialmente en la entrega de la documentación requerida. Tanto el proceso administrativo como la acción judicial continúan en desarrollo, ahora vistos de manera conjunta, por lo que se anticipan nuevas novedades en los próximos meses.
La medida, que cuenta con asesoría de un abogado particular, permitirá a Javiera y Camila hacerse parte del proceso judicial con plenas facultades, tanto para solicitar diligencias como para intervenir frente a eventuales decisiones de cierre de la investigación.En paralelo, las hijas de la víctima confirmaron haber accedido a la carpeta investigativa de la Fiscalía Regional del Maule, donde se han incorporado antecedentes relevantes aportados por testigos. Parte de esta información estaría siendo analizada directamente por el Fiscal Regional, Julio Contardo, y su equipo más cercano.El pasado 30 de agosto, la familia participó en actividades de memoria y derechos humanos en Talca, y ya se organiza un gran evento ciudadano para el próximo 14 de septiembre, fecha en que se cumplen tres meses de la desaparición de la concejala.
enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad. De acuerdo con los antecedentes, los hechos habrían ocurrido varios años atrás, cuando la víctima era menor de edad. La denuncia sostiene que el acusado habría aprovechado su posición y cercanía con la víctima para cometer los actos, además de intentar disuadirla de informar lo sucedido. El caso ha generado preocupación en la comunidad local, que ha manifestado su inquietud por la ausencia de un pronunciamiento oficial desde la administración municipal. Organizaciones y vecinos solicitan que las autoridades competentes actúen con celeridad, garantizando un proceso transparente que permita esclarecer los hechos y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes. Consultado telefónicamente por este medio, el funcionario, identificado como Cristián Aguilar, indicó que no ha sido citado a declarar y que prefiere reservar sus comentarios, a la espera de que el proceso judicial permita aclarar lo ocurrido. La investigación continúa en curso y se mantiene bajo reserva para resguardar la integridad de las partes involucradas.
El alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez informó que se dispuso de los sumarios administrativos y denuncias al Ministerio Público en el marco del escándalo por los viajes al extranjero de funcionarios con licencia médica. Recordar que la Contraloría General de la República infirmó de 114 casos en el DAEM, 29 en la Municipalidad. “Todos los municipios del país tenemos la obligación legal de iniciar sumarios administrativos y denunciar estos hechos al Ministerio Público. Yo, lo ordené apenas me informó la Contraloría General de la República. Como el caso es tan grande (25 mil casos) de faltas graves a la probidad administrativa (las que están comprobadas y consumadas y no son casos hipotéticos ni menos discutibles) debiera la misma Contraloría ordenar obligatoriamente a los alcaldes a que procedamos con las destituciones sumariales”, dijo el Alcalde de Linares.
En el proceso judicial figuran como imputados Tomás González García y Francisco Novoa Gómez, acusados de conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, y de tener responsabilidad directa en el accidente que provocó la muerte del joven. El accidente ocurrió el 5 de junio de 2022, alrededor de las 04:30 horas, en la Ruta L-25 en Linares. De acuerdo con la investigación: González conducía un vehículo Toyota RAV4 bajo los efectos del alcohol (1,31 g/L) y drogas (THC), a exceso de velocidad y con sus facultades disminuidas. Novoa estaba detenido en la vía al volante de un Toyota Tercel, también con alcohol en su organismo (0,57 g/L) y sin los elementos de seguridad exigidos, generando un riesgo inminente. La colisión inicial proyectó el vehículo de Novoa contra otro automóvil detenido en sentido contrario, lo que derivó en el fallecimiento de Cancino Medel, quien viajaba como acompañante. El informe médico legal determinó que murió a causa de un politraumatismo severo. Tras el accidente, González huyó del lugar sin prestar auxilio ni informar a la autoridad. La fiscal Carmen Gloria Caamaño solicitó duras penas: Para González: 7 años de presidio mayor, 4 años de presidio menor por no auxiliar, multas de 35 UTM, inhabilidad perpetua para conducir y ejercer cargos públicos, además del comiso del vehículo. Para Novoa: 4 años de presidio menor, multa de 25 UTM y suspensión de licencia por 45 meses. Víctor Cancino, oriundo de Los Maquis (San Javier-Constitución), era un joven tranquilo, trabajador y amante del campo, los caballos y la música ranchera, cuya muerte ha conmovido profundamente a la comunidad local. El juicio se desarrolla bajo la presidencia del magistrado Christian Leyton Serrano, con los jueces Cristián Adriazola Jeria y Elizabeth Rodríguez Hernández como integrantes del tribunal. Los alegatos de clausura están programados para esta semana, tras lo cual se dictará el veredicto.
Paralelamente, el Tribunal declaró admisible la querella presentada por la concejala en ejercicio Patricia Ferrada, en contra del exalcalde y actual candidato a diputado del Partido Republicano, Cristian Menchaca, sindicado como responsable de dichas operaciones, lo que podría derivar en sanciones penales. En cuanto al sumario, se espera la colaboración de la actual administración encabezada por el alcalde Jaime Briones, especialmente en la entrega de la documentación requerida. Tanto el proceso administrativo como la acción judicial continúan en desarrollo, ahora vistos de manera conjunta, por lo que se anticipan nuevas novedades en los próximos meses.
La medida, que cuenta con asesoría de un abogado particular, permitirá a Javiera y Camila hacerse parte del proceso judicial con plenas facultades, tanto para solicitar diligencias como para intervenir frente a eventuales decisiones de cierre de la investigación.En paralelo, las hijas de la víctima confirmaron haber accedido a la carpeta investigativa de la Fiscalía Regional del Maule, donde se han incorporado antecedentes relevantes aportados por testigos. Parte de esta información estaría siendo analizada directamente por el Fiscal Regional, Julio Contardo, y su equipo más cercano.El pasado 30 de agosto, la familia participó en actividades de memoria y derechos humanos en Talca, y ya se organiza un gran evento ciudadano para el próximo 14 de septiembre, fecha en que se cumplen tres meses de la desaparición de la concejala.
enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad. De acuerdo con los antecedentes, los hechos habrían ocurrido varios años atrás, cuando la víctima era menor de edad. La denuncia sostiene que el acusado habría aprovechado su posición y cercanía con la víctima para cometer los actos, además de intentar disuadirla de informar lo sucedido. El caso ha generado preocupación en la comunidad local, que ha manifestado su inquietud por la ausencia de un pronunciamiento oficial desde la administración municipal. Organizaciones y vecinos solicitan que las autoridades competentes actúen con celeridad, garantizando un proceso transparente que permita esclarecer los hechos y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes. Consultado telefónicamente por este medio, el funcionario, identificado como Cristián Aguilar, indicó que no ha sido citado a declarar y que prefiere reservar sus comentarios, a la espera de que el proceso judicial permita aclarar lo ocurrido. La investigación continúa en curso y se mantiene bajo reserva para resguardar la integridad de las partes involucradas.
El alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez informó que se dispuso de los sumarios administrativos y denuncias al Ministerio Público en el marco del escándalo por los viajes al extranjero de funcionarios con licencia médica. Recordar que la Contraloría General de la República infirmó de 114 casos en el DAEM, 29 en la Municipalidad. “Todos los municipios del país tenemos la obligación legal de iniciar sumarios administrativos y denunciar estos hechos al Ministerio Público. Yo, lo ordené apenas me informó la Contraloría General de la República. Como el caso es tan grande (25 mil casos) de faltas graves a la probidad administrativa (las que están comprobadas y consumadas y no son casos hipotéticos ni menos discutibles) debiera la misma Contraloría ordenar obligatoriamente a los alcaldes a que procedamos con las destituciones sumariales”, dijo el Alcalde de Linares.
