En procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Calama condenó a R.A.C.E, hincha del club de fútbol Cobreloa, a las penas de 21 y 41 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional por un año, en calidad de autor de los delitos de porte y posesión de artefacto pirotécnico sin autorización y porte de elemento idóneo para causar daños o lesiones en espectáculo de fútbol profesional. Hechos ocurridos en agosto del año pasado, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, en el marco partido que enfrentó al local con la escuadra de Deportes La Serena. Encuentro en que el hincha fue captado encendiendo una bengala. En el fallo, el magistrado Alejandro González Escobar condenó además a R.A.C.E. a la pena accesoria de prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional y a las inmediaciones en que este se realice por un periodo de 2 años (artículo 16 letra b) de la Ley N° 19.327 de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional). Según los antecedentes, durante la jornada en que se jugó el partido válido por la segunda rueda del campeonato oficial de Primera B, que congregó a una gran cantidad de público durante el enfrentamiento entre Cobreloa y La Serena. Personal de seguridad observó a través de las cámaras de vigilancia, a un sujeto que posteriormente indentificaron, quien se encontraba en el sector de la galería sur del estadio. Lugar donde “(…) procede a encender y activar una bengala que mantenía en sus manos, correspondiendo a un fuego de artificio, alertando de dicha situación a personal de seguridad que se encontraba en el sector del público, quienes concurren al lugar donde se encontraba el imputado, quien había manipulado, encendido y portado dicha bengala correspondiente a fuego de artificio y elemento pirotécnico, sin contar con autorización debida, procediendo a su detención y entrega a Carabineros. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Es una alternativa al juicio oral ordinario. Supone un acuerdo entre el imputado y el fiscal del Ministerio Público, en virtud del cual el primero acepta expresamente los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación que la fundan y consiente en someterse a este procedimiento alternativo y, el segundo, solicita la imposición de una pena que no excede de cinco años. En base a dicho acuerdo, y siempre que se cumplan los requisitos legales, el procedimiento se desarrolla ante un juez de garantía quien, al dictar sentencia no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el persecutor.
Este jueves a las 12:00 horas comenzó la audiencia de formalización de Kelly Betancourt, directora de la fundación TomArte, por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en esta arista del Caso Convenios en Antofagasta. Ya entrada la tarde, el Tribunal de Garantía decidió dejar a la imputada en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal fijó en 75 días el plazo de investigación, periodo durante el cual la imputada deberá cumplir la máxima medida cautelar en la Cárcel de Mujeres debido a los delitos por los cuales arriesgaría hasta 15 años de cárcel. Según los antecedentes, la investigación se basa en cuatro convenios suscritos con el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, para obras de habitabilidad primaria en campamentos con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. Según el fiscal Cristian Aguilar, Contreras habría intervenido de manera indebida antes de la suscripción de los convenios, instruyendo que invitara esta fundación para que se le incorporara a la nómina de organizaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos. No obstante, TomArte no cumplía con los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, provocando al fisco un perjuicio de $526 millones de pesos. Cabe recordar, que el exseremi Contreras quedó nuevamente en prisión preventiva durante la formalización de esta arista. AHORA I Directora de la Fundación TomArte, Kelly Betancourt será formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en la arista del Caso Convenios en #Antofagasta. Audiencia de formalización comenzó a las 12:00 horas en el Juzgado de Garantía. 📹Daniel Gatica pic.twitter.com/5GM4Nk6jqq — Antofagasta TV (@AntofagastaTV) April 4, 2024
Este miércoles 28 de febrero a las 9:00 de la mañana se llevaría a cabo la audiencia en la cual la Corte de Apelaciones de Antofagasta, revisará los recursos presentados ante la decisión del Juzgado de Garantía de mantener tanto al exseremi del Minvu, Carlos Contreras, como al representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, en prisión preventiva durante la investigación del caso. De acuerdo a información difundida por LaTercera, las defensas de ambos imputados por tres delitos de fraude al fisco estiman que existió una ponderación errónea de los antecedentes y que los acusados han colaborado sustancialmente con la investigación. Según este medio, Diego Sporman, uno de los abogados que integran el equipo de defensa de Daniel Andrade, luego de la revisión de medidas cautelares realizada el martes pasado, indicó queexistió una grave vulneración al derecho de defensa. Esto debido a que cuando se realizó el control de detención en diciembre del año pasado, la carpeta de investigación se mantenía en secreto por parte de la Fiscalía, siendo conocida solo pocas horas antes de la formalización. Se nos exhortó a estudiar, revisar y esquematizar más 20 tomos y 15 mil páginas con menos de un día de anticipación, lo cual evidentemente generó una mella en una acuciosa revisión de los antecedentes que sirvieron de base para la imputación fiscal y en consecuencia del derecho a defensa, explicó Sporman. Esto habría incidido en que Andrade no haya declarado formalmente en la investigación, por considerar que sus palabras no sean ponderadas con el debido mérito. Esto a diferencia de Carlos Contreras, quien prestó declaración durante tres jornadas, lo cual habría influido en que el Ministerio Público ampliara las indagatorias. De esta manera, la defensa de ambos imputados apuntaría a conseguir una medida cautelar de menor intensidad como arresto domiciliario total. Cabe recordar, que tanto Contreras como Andrade se mantienen en prisión preventiva en Antofagasta desde el pasado viernes 15 de diciembre, jornada en que el Juzgado de Garantía estableció en seis meses el plazo de investigación del caso.
Este viernes el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolvió dejar en prisión preventiva a la concejala Paz Fuica Contreras, quien la jornada anterior fue formalizada por tres delitos de fraude al fisco en la investigación del Caso Convenios en su arista Democracia Viva, que contempla millonarios traspasos de dinero que causaron perjuicios al Estado. De esta manera, Fuica se convierte en la tecera persona en quedar en prisión preventiva , anteriormente la misma medida cautelar fue aplicada al ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, junto al representante legal de la fundación Democracia Viva y ex pareja de Catalina Pérez, Daniel Andrade. Según el fiscal jefe, Cristian Aguilar, a cargo de la investigación, Fuica influyó en la selección de fundaciones, en las cuales se incluye Democracia Viva, Tomarte, Movimiento Fibra y ProCultura, entidades que no cumplían con los requisitos necesarios. El fiscal sostiene que la concejala fue contactada por Andrade en julio de 2022, luego ingresó a trabajar en la Seremi del Minvu como jefa de gabinete y mano derecha de Contreras, a cargo del Programa de Asentamientos Precarios. Pero estaba contratada por la Fundación para la Superación de la Pobreza. La Fiscalía solicitó el mismo plazo de para la investigación desde que fueron formalizados Carlos Contreras y Daniel Adrade, es decir seis meses desde el pasado 15 de diciembre de 2023. Lo que fue discutido por la defensa de Fuica, finalmente el Tribunal fijó un plazo de 5 meses y tres días. Cabe indicar, que la defensa de Fuica dispone de un plazo legal para apelar a la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Este viernes continuó la audiencia de control detención para el representante legal de la fundación Democracia Viva y ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade, junto al ex seremi de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, ambos involucrados en el traspaso de $426 millones de pesos en tres convenios. La jornada anterior ambos imputados fueron formalizados por tres delitos de fraude al fisco. Ante los cuales, la Fiscalía de Antofagasta ha solicitado que se aplique la máxima medida cautelar de prisión preventiva por causal de peligro para la seguridad de la sociedad. La defensa de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, solicitó no imponer ninguna medida cautelar a su representado, argumentando que del dinero total involucrado en los traspasos desde el Minvu, solo fueron utilizados un poco más de $131 millones de pesos que fueron debidamente rendidos, mientras que el resto han tratado de ser devueltos por Andrade. El abogado defensor, Juan Pablo Roncone, reconoció las relaciones entre los involucrados con la diputada Catalina Pérez. En el caso de Andrade como su ex pareja y de Contreras, como ex jefe de gabinete. También enfatizó en que Andrade -antes de firmar los convenios- consultó sobre las normas además de los requisitos para las fundaciones, luego se entrevistó con Asentamientos Precarios y ellos aprobaron a la fundación. Roncone refutó a la parte querellante que indicó que la fundación no tenía experiencia en construcción, ya que lo exigido en los convenios sería experiencia en construcción socioterritorial, conocimientos que si tendría Democracia Viva. La defensa cataloga como falsa la teoría del Ministerio Público que señala que Andrade contrató a amigos para favorecerlos, ya que sostuvieron solo conocía a tres personas contratadas por medio de la fundación y a otras dos que solo vio una vez. En cuanto a las atenuantes planteadas por la defensa, están que Andrade no posee antecedentes penales, el afán por restituir el dinero reparando el mal causado, además de la cooperación eficaz. Por su parte, la defensa del ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, sostuvo que los convenios fueron informados previamente a la subsecretaria de la misma cartera, Tatiana Rojas, además de Verónica Serrano, ex jefa del Departamento de Asentamientos Precarios a nivel nacional, quién además es tía del jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. A su vez a Yasna Contreras, encargada regional del Programa Campamentos, con lo cual la defensa argumentó que Contreras no tenía capacidad de decisión frente a los convenios. Sobre las atenuantes, indicaron que el ex seremi no posee antecedentes penales y que vive con sus dos padres adultos mayores, siendo el jefe de hogar. Por lo que consideran que no debería aplicarse ninguna medida cautelar, aunque proponen arraigo nacional y firma quincenal. En definitiva, el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolvió dejar con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, por no estimar suficientes los antecedentes declarados por sus defensas. Finalmente, establecieron seis meses para la investigación del caso. Mientras que la defensa de Daniel Andrade, solicitó que cumpla la prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago. Cabe indicar, que las medidas cautelares establecidas por el Tribunal podrán ser apeladas por las defensas en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
En procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Calama condenó a R.A.C.E, hincha del club de fútbol Cobreloa, a las penas de 21 y 41 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional por un año, en calidad de autor de los delitos de porte y posesión de artefacto pirotécnico sin autorización y porte de elemento idóneo para causar daños o lesiones en espectáculo de fútbol profesional. Hechos ocurridos en agosto del año pasado, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, en el marco partido que enfrentó al local con la escuadra de Deportes La Serena. Encuentro en que el hincha fue captado encendiendo una bengala. En el fallo, el magistrado Alejandro González Escobar condenó además a R.A.C.E. a la pena accesoria de prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional y a las inmediaciones en que este se realice por un periodo de 2 años (artículo 16 letra b) de la Ley N° 19.327 de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional). Según los antecedentes, durante la jornada en que se jugó el partido válido por la segunda rueda del campeonato oficial de Primera B, que congregó a una gran cantidad de público durante el enfrentamiento entre Cobreloa y La Serena. Personal de seguridad observó a través de las cámaras de vigilancia, a un sujeto que posteriormente indentificaron, quien se encontraba en el sector de la galería sur del estadio. Lugar donde “(…) procede a encender y activar una bengala que mantenía en sus manos, correspondiendo a un fuego de artificio, alertando de dicha situación a personal de seguridad que se encontraba en el sector del público, quienes concurren al lugar donde se encontraba el imputado, quien había manipulado, encendido y portado dicha bengala correspondiente a fuego de artificio y elemento pirotécnico, sin contar con autorización debida, procediendo a su detención y entrega a Carabineros. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Es una alternativa al juicio oral ordinario. Supone un acuerdo entre el imputado y el fiscal del Ministerio Público, en virtud del cual el primero acepta expresamente los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación que la fundan y consiente en someterse a este procedimiento alternativo y, el segundo, solicita la imposición de una pena que no excede de cinco años. En base a dicho acuerdo, y siempre que se cumplan los requisitos legales, el procedimiento se desarrolla ante un juez de garantía quien, al dictar sentencia no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el persecutor.
Este jueves a las 12:00 horas comenzó la audiencia de formalización de Kelly Betancourt, directora de la fundación TomArte, por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en esta arista del Caso Convenios en Antofagasta. Ya entrada la tarde, el Tribunal de Garantía decidió dejar a la imputada en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal fijó en 75 días el plazo de investigación, periodo durante el cual la imputada deberá cumplir la máxima medida cautelar en la Cárcel de Mujeres debido a los delitos por los cuales arriesgaría hasta 15 años de cárcel. Según los antecedentes, la investigación se basa en cuatro convenios suscritos con el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, para obras de habitabilidad primaria en campamentos con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. Según el fiscal Cristian Aguilar, Contreras habría intervenido de manera indebida antes de la suscripción de los convenios, instruyendo que invitara esta fundación para que se le incorporara a la nómina de organizaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos. No obstante, TomArte no cumplía con los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, provocando al fisco un perjuicio de $526 millones de pesos. Cabe recordar, que el exseremi Contreras quedó nuevamente en prisión preventiva durante la formalización de esta arista. AHORA I Directora de la Fundación TomArte, Kelly Betancourt será formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en la arista del Caso Convenios en #Antofagasta. Audiencia de formalización comenzó a las 12:00 horas en el Juzgado de Garantía. 📹Daniel Gatica pic.twitter.com/5GM4Nk6jqq — Antofagasta TV (@AntofagastaTV) April 4, 2024
Este miércoles 28 de febrero a las 9:00 de la mañana se llevaría a cabo la audiencia en la cual la Corte de Apelaciones de Antofagasta, revisará los recursos presentados ante la decisión del Juzgado de Garantía de mantener tanto al exseremi del Minvu, Carlos Contreras, como al representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, en prisión preventiva durante la investigación del caso. De acuerdo a información difundida por LaTercera, las defensas de ambos imputados por tres delitos de fraude al fisco estiman que existió una ponderación errónea de los antecedentes y que los acusados han colaborado sustancialmente con la investigación. Según este medio, Diego Sporman, uno de los abogados que integran el equipo de defensa de Daniel Andrade, luego de la revisión de medidas cautelares realizada el martes pasado, indicó queexistió una grave vulneración al derecho de defensa. Esto debido a que cuando se realizó el control de detención en diciembre del año pasado, la carpeta de investigación se mantenía en secreto por parte de la Fiscalía, siendo conocida solo pocas horas antes de la formalización. Se nos exhortó a estudiar, revisar y esquematizar más 20 tomos y 15 mil páginas con menos de un día de anticipación, lo cual evidentemente generó una mella en una acuciosa revisión de los antecedentes que sirvieron de base para la imputación fiscal y en consecuencia del derecho a defensa, explicó Sporman. Esto habría incidido en que Andrade no haya declarado formalmente en la investigación, por considerar que sus palabras no sean ponderadas con el debido mérito. Esto a diferencia de Carlos Contreras, quien prestó declaración durante tres jornadas, lo cual habría influido en que el Ministerio Público ampliara las indagatorias. De esta manera, la defensa de ambos imputados apuntaría a conseguir una medida cautelar de menor intensidad como arresto domiciliario total. Cabe recordar, que tanto Contreras como Andrade se mantienen en prisión preventiva en Antofagasta desde el pasado viernes 15 de diciembre, jornada en que el Juzgado de Garantía estableció en seis meses el plazo de investigación del caso.
Este viernes el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolvió dejar en prisión preventiva a la concejala Paz Fuica Contreras, quien la jornada anterior fue formalizada por tres delitos de fraude al fisco en la investigación del Caso Convenios en su arista Democracia Viva, que contempla millonarios traspasos de dinero que causaron perjuicios al Estado. De esta manera, Fuica se convierte en la tecera persona en quedar en prisión preventiva , anteriormente la misma medida cautelar fue aplicada al ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, junto al representante legal de la fundación Democracia Viva y ex pareja de Catalina Pérez, Daniel Andrade. Según el fiscal jefe, Cristian Aguilar, a cargo de la investigación, Fuica influyó en la selección de fundaciones, en las cuales se incluye Democracia Viva, Tomarte, Movimiento Fibra y ProCultura, entidades que no cumplían con los requisitos necesarios. El fiscal sostiene que la concejala fue contactada por Andrade en julio de 2022, luego ingresó a trabajar en la Seremi del Minvu como jefa de gabinete y mano derecha de Contreras, a cargo del Programa de Asentamientos Precarios. Pero estaba contratada por la Fundación para la Superación de la Pobreza. La Fiscalía solicitó el mismo plazo de para la investigación desde que fueron formalizados Carlos Contreras y Daniel Adrade, es decir seis meses desde el pasado 15 de diciembre de 2023. Lo que fue discutido por la defensa de Fuica, finalmente el Tribunal fijó un plazo de 5 meses y tres días. Cabe indicar, que la defensa de Fuica dispone de un plazo legal para apelar a la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Este viernes continuó la audiencia de control detención para el representante legal de la fundación Democracia Viva y ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade, junto al ex seremi de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, ambos involucrados en el traspaso de $426 millones de pesos en tres convenios. La jornada anterior ambos imputados fueron formalizados por tres delitos de fraude al fisco. Ante los cuales, la Fiscalía de Antofagasta ha solicitado que se aplique la máxima medida cautelar de prisión preventiva por causal de peligro para la seguridad de la sociedad. La defensa de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, solicitó no imponer ninguna medida cautelar a su representado, argumentando que del dinero total involucrado en los traspasos desde el Minvu, solo fueron utilizados un poco más de $131 millones de pesos que fueron debidamente rendidos, mientras que el resto han tratado de ser devueltos por Andrade. El abogado defensor, Juan Pablo Roncone, reconoció las relaciones entre los involucrados con la diputada Catalina Pérez. En el caso de Andrade como su ex pareja y de Contreras, como ex jefe de gabinete. También enfatizó en que Andrade -antes de firmar los convenios- consultó sobre las normas además de los requisitos para las fundaciones, luego se entrevistó con Asentamientos Precarios y ellos aprobaron a la fundación. Roncone refutó a la parte querellante que indicó que la fundación no tenía experiencia en construcción, ya que lo exigido en los convenios sería experiencia en construcción socioterritorial, conocimientos que si tendría Democracia Viva. La defensa cataloga como falsa la teoría del Ministerio Público que señala que Andrade contrató a amigos para favorecerlos, ya que sostuvieron solo conocía a tres personas contratadas por medio de la fundación y a otras dos que solo vio una vez. En cuanto a las atenuantes planteadas por la defensa, están que Andrade no posee antecedentes penales, el afán por restituir el dinero reparando el mal causado, además de la cooperación eficaz. Por su parte, la defensa del ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, sostuvo que los convenios fueron informados previamente a la subsecretaria de la misma cartera, Tatiana Rojas, además de Verónica Serrano, ex jefa del Departamento de Asentamientos Precarios a nivel nacional, quién además es tía del jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. A su vez a Yasna Contreras, encargada regional del Programa Campamentos, con lo cual la defensa argumentó que Contreras no tenía capacidad de decisión frente a los convenios. Sobre las atenuantes, indicaron que el ex seremi no posee antecedentes penales y que vive con sus dos padres adultos mayores, siendo el jefe de hogar. Por lo que consideran que no debería aplicarse ninguna medida cautelar, aunque proponen arraigo nacional y firma quincenal. En definitiva, el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolvió dejar con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, por no estimar suficientes los antecedentes declarados por sus defensas. Finalmente, establecieron seis meses para la investigación del caso. Mientras que la defensa de Daniel Andrade, solicitó que cumpla la prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago. Cabe indicar, que las medidas cautelares establecidas por el Tribunal podrán ser apeladas por las defensas en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
