solicitando información sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes del Colegio Concepción de Linares, quienes se encuentran sin clases desde el pasado 7 de mayo debido a un extenso paro de profesores.El conflicto se originó en el marco de una negociación colectiva entre la Corporación Educacional y el sindicato de trabajadores del establecimiento, donde los docentes exigen mejoras laborales. Sin embargo, esta situación ha generado un fuerte impacto en la comunidad escolar, afectando directamente a cientos de alumnos y sus familias.Ante esta crisis, el parlamentario gremialista se reunió con dirigentes del centro de padres y apoderados del colegio para conocer sus inquietudes. “La prolongación del paro no solo significa pérdida de aprendizajes, sino también una alteración profunda en la vida cotidiana de muchas familias”, señaló Benavente.Además de solicitar información oficial sobre el caso, el diputado pidió que la Superintendencia colabore activamente en la elaboración de un plan de recuperación de horas pedagógicas, una vez que se reanuden las clases. “Aunque este es un conflicto laboral, no podemos dejar de lado a los estudiantes. Como Estado, debemos asegurar su derecho a la educación”, recalcó.Finalmente, el legislador hizo un llamado al Ministerio de Educación para que promueva instancias de diálogo entre las partes involucradas. “Esperamos que tanto la administración del colegio como los docentes tengan la voluntad de llegar a acuerdos con el acompañamiento de las autoridades competentes. La comunidad educativa necesita certezas y soluciones urgentes”, sentenció.
tras el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública 2024, donde se mencionó la eventual expropiación del terreno. Los habitantes expresaron su profunda preocupación y desconcierto, señalando que no han recibido información oficial por parte del Gobierno y que han debido enterarse por los medios de comunicación. Además, afirmaron que no han sido contactados por ninguna autoridad a pesar de los intentos por concertar reuniones con representantes gubernamentales. “Los vecinos se sienten desinformados, excluidos y sumidos en la incertidumbre sobre el futuro de sus hogares”, declaró el diputado Benavente. “Las familias que hoy viven en Villa Baviera han contribuido al desarrollo local mediante servicios de salud rural, fomento del turismo y creación de empleos estables en distintas actividades productivas”. El parlamentario fue enfático: “Villa Baviera debe seguir siendo un motor de desarrollo para estas comunidades precordilleranas. Estas personas no pueden volver a ser víctimas, esta vez del propio Estado. No hay causal de necesidad imperiosa que justifique una expropiación; solo se vislumbra una intención ideológica”. Benavente también anunció que oficiará al Ministerio de Justicia para solicitar un informe detallado sobre los alcances del anuncio presidencial y reiteró su disposición a defender el derecho de los residentes a conservar el lugar que han levantado como su hogar por décadas. Finalmente, llamó a las autoridades a actuar con transparencia, empatía y respeto por una comunidad que —según sus palabras— “no busca privilegios, solo ser escuchada y respetada”.
que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Para el parlamentario, esta práctica representa un grave perjuicio al erario fiscal y una falta de ética pública inaceptable, señalando que “muchas de estas salidas del país fueron realizadas con pleno conocimiento de las jefaturas correspondientes”. “El 60% de estas licencias médicas son financiadas por Fonasa, con recursos que deberían destinarse a personas en lista de espera o tratamientos urgentes. Este no es un simple error administrativo: es un fraude al Estado que debe tener consecuencias civiles y penales”, subrayó el legislador. En esa línea, Benavente criticó la respuesta inicial del gobierno, haciendo un llamado a actuar con decisión: “Más que comisiones investigadoras, lo que se requiere es entregar de inmediato el informe a la justicia. Aquí podrían configurarse delitos como fraude al fisco, y quienes participaron deben responder ante la ley y devolver los recursos mal utilizados”. Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos actos: “No podemos seguir permitiendo que se usen fondos públicos para financiar vacaciones. La señal debe ser clara: cero tolerancia a los abusos en el sector público”.
obra que podría asegurar el riego para más de 30 mil hectáreas en las comunas de Parral, Retiro y Longaví. El parlamentario de la UDI, Gustavo Benavente, valoró la publicación de la licitación pública en el Diario Oficial, asegurando que se trata de un paso clave para destrabar un proyecto que la zona espera hace más de dos décadas.“Por fin nuestra voz fue escuchada. ¿Cuánto tiempo le insistimos al ministro de Agricultura y a la ministra de Obras Públicas sobre la importancia de este embalse? Esperamos que ahora avance y que la permisología y la burocracia estatal no lo sigan obstaculizando”, señaló. El proceso de licitación —que se extenderá hasta el 20 de mayo— estará a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas y considera estudios técnicos, territoriales y medioambientales. Entre ellos, destacan análisis de topografía, geología, hidrología, derechos de agua, cambio climático y participación ciudadana. Con una duración estimada de cinco años, el estudio permitirá definir el sitio del embalse, su diseño y viabilidad, con la posibilidad de habilitar también 11.700 nuevas hectáreas para riego. Finalmente, el diputado Benavente llamó al Gobierno a mantener su compromiso con esta iniciativa: “El desarrollo agrícola del Maule depende del agua. Si no aseguramos ese recurso, los jóvenes se seguirán yendo al área urbana. Esta es una inversión en nuestro futuro”.
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, destacó como un “avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado” la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que obliga a acreditar la procedencia lícita de los recursos utilizados para financiar defensas judiciales en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y otros delitos graves. La iniciativa, despachada ahora al Senado, fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente. El proyecto prohíbe expresamente el pago en efectivo a abogados defensores, estableciendo como únicos medios válidos aquellos que aseguren trazabilidad, tales como transferencias electrónicas, cheques, vale vista o tarjetas bancarias. “Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, sostuvo el parlamentario gremialista, quien ha tenido un rol activo en la tramitación de la iniciativa. El texto legal también impone a los abogados la obligación de justificar el origen de los pagos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa. El incumplimiento de esta normativa podrá derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año. Cabe destacar que esta obligación no aplica a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública. Adicionalmente, la normativa contempla una reforma a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiendo al organismo informar sobre estos pagos cuando corresponda. También se extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza. “El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Benavente.
solicitando información sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes del Colegio Concepción de Linares, quienes se encuentran sin clases desde el pasado 7 de mayo debido a un extenso paro de profesores.El conflicto se originó en el marco de una negociación colectiva entre la Corporación Educacional y el sindicato de trabajadores del establecimiento, donde los docentes exigen mejoras laborales. Sin embargo, esta situación ha generado un fuerte impacto en la comunidad escolar, afectando directamente a cientos de alumnos y sus familias.Ante esta crisis, el parlamentario gremialista se reunió con dirigentes del centro de padres y apoderados del colegio para conocer sus inquietudes. “La prolongación del paro no solo significa pérdida de aprendizajes, sino también una alteración profunda en la vida cotidiana de muchas familias”, señaló Benavente.Además de solicitar información oficial sobre el caso, el diputado pidió que la Superintendencia colabore activamente en la elaboración de un plan de recuperación de horas pedagógicas, una vez que se reanuden las clases. “Aunque este es un conflicto laboral, no podemos dejar de lado a los estudiantes. Como Estado, debemos asegurar su derecho a la educación”, recalcó.Finalmente, el legislador hizo un llamado al Ministerio de Educación para que promueva instancias de diálogo entre las partes involucradas. “Esperamos que tanto la administración del colegio como los docentes tengan la voluntad de llegar a acuerdos con el acompañamiento de las autoridades competentes. La comunidad educativa necesita certezas y soluciones urgentes”, sentenció.
tras el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública 2024, donde se mencionó la eventual expropiación del terreno. Los habitantes expresaron su profunda preocupación y desconcierto, señalando que no han recibido información oficial por parte del Gobierno y que han debido enterarse por los medios de comunicación. Además, afirmaron que no han sido contactados por ninguna autoridad a pesar de los intentos por concertar reuniones con representantes gubernamentales. “Los vecinos se sienten desinformados, excluidos y sumidos en la incertidumbre sobre el futuro de sus hogares”, declaró el diputado Benavente. “Las familias que hoy viven en Villa Baviera han contribuido al desarrollo local mediante servicios de salud rural, fomento del turismo y creación de empleos estables en distintas actividades productivas”. El parlamentario fue enfático: “Villa Baviera debe seguir siendo un motor de desarrollo para estas comunidades precordilleranas. Estas personas no pueden volver a ser víctimas, esta vez del propio Estado. No hay causal de necesidad imperiosa que justifique una expropiación; solo se vislumbra una intención ideológica”. Benavente también anunció que oficiará al Ministerio de Justicia para solicitar un informe detallado sobre los alcances del anuncio presidencial y reiteró su disposición a defender el derecho de los residentes a conservar el lugar que han levantado como su hogar por décadas. Finalmente, llamó a las autoridades a actuar con transparencia, empatía y respeto por una comunidad que —según sus palabras— “no busca privilegios, solo ser escuchada y respetada”.
que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Para el parlamentario, esta práctica representa un grave perjuicio al erario fiscal y una falta de ética pública inaceptable, señalando que “muchas de estas salidas del país fueron realizadas con pleno conocimiento de las jefaturas correspondientes”. “El 60% de estas licencias médicas son financiadas por Fonasa, con recursos que deberían destinarse a personas en lista de espera o tratamientos urgentes. Este no es un simple error administrativo: es un fraude al Estado que debe tener consecuencias civiles y penales”, subrayó el legislador. En esa línea, Benavente criticó la respuesta inicial del gobierno, haciendo un llamado a actuar con decisión: “Más que comisiones investigadoras, lo que se requiere es entregar de inmediato el informe a la justicia. Aquí podrían configurarse delitos como fraude al fisco, y quienes participaron deben responder ante la ley y devolver los recursos mal utilizados”. Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos actos: “No podemos seguir permitiendo que se usen fondos públicos para financiar vacaciones. La señal debe ser clara: cero tolerancia a los abusos en el sector público”.
obra que podría asegurar el riego para más de 30 mil hectáreas en las comunas de Parral, Retiro y Longaví. El parlamentario de la UDI, Gustavo Benavente, valoró la publicación de la licitación pública en el Diario Oficial, asegurando que se trata de un paso clave para destrabar un proyecto que la zona espera hace más de dos décadas.“Por fin nuestra voz fue escuchada. ¿Cuánto tiempo le insistimos al ministro de Agricultura y a la ministra de Obras Públicas sobre la importancia de este embalse? Esperamos que ahora avance y que la permisología y la burocracia estatal no lo sigan obstaculizando”, señaló. El proceso de licitación —que se extenderá hasta el 20 de mayo— estará a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas y considera estudios técnicos, territoriales y medioambientales. Entre ellos, destacan análisis de topografía, geología, hidrología, derechos de agua, cambio climático y participación ciudadana. Con una duración estimada de cinco años, el estudio permitirá definir el sitio del embalse, su diseño y viabilidad, con la posibilidad de habilitar también 11.700 nuevas hectáreas para riego. Finalmente, el diputado Benavente llamó al Gobierno a mantener su compromiso con esta iniciativa: “El desarrollo agrícola del Maule depende del agua. Si no aseguramos ese recurso, los jóvenes se seguirán yendo al área urbana. Esta es una inversión en nuestro futuro”.
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, destacó como un “avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado” la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que obliga a acreditar la procedencia lícita de los recursos utilizados para financiar defensas judiciales en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y otros delitos graves. La iniciativa, despachada ahora al Senado, fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente. El proyecto prohíbe expresamente el pago en efectivo a abogados defensores, estableciendo como únicos medios válidos aquellos que aseguren trazabilidad, tales como transferencias electrónicas, cheques, vale vista o tarjetas bancarias. “Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, sostuvo el parlamentario gremialista, quien ha tenido un rol activo en la tramitación de la iniciativa. El texto legal también impone a los abogados la obligación de justificar el origen de los pagos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa. El incumplimiento de esta normativa podrá derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año. Cabe destacar que esta obligación no aplica a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública. Adicionalmente, la normativa contempla una reforma a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiendo al organismo informar sobre estos pagos cuando corresponda. También se extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza. “El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Benavente.
