Este ajuste se aplicará directamente al Gobierno Regional del Maule, liderado por el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, a pesar de que la región ocupa el primer lugar en ejecución presupuestaria a nivel nacional. “Este recorte es la prueba más clara de que el Gobierno del Presidente Boric no entiende lo que significa descentralización. El Maule, que ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el uso de recursos, es castigado con la segunda mayor baja presupuestaria del país. Es inaceptable y refleja la desconexión absoluta del Gobierno Central con las regiones”, afirmó Garrido. Caídas más severas producto del reajuste presupuestario regional Según la tabla comparativa, el Maule ocupa el segundo lugar en magnitud de caída porcentual, solo superado por Aysén. • Aysén: -6,9 % (UDI) • Maule: -6,2 % (UDI) • Los Lagos: -5,9 % (RN) • Arica y Parinacota: -5,8 % (RN) • Ñuble: -5 % (PS) Regiones beneficiadas Mientras tanto, varias regiones recibirán incrementos: • O’Higgins: +5,3 % (PS) • Antofagasta: +2,3 % (RD) • Tarapacá: +1,5 % (INDP-PPD) • Metropolitana: +1,4 % (DC) “Esto demuestra un centralismo desmedido. La Región Metropolitana recibe más recursos mientras regiones productivas como Maule, que son motor agrícola y exportador, son castigadas. Es una burla para nuestros ciudadanos que llevan años esperando caminos, agua potable rural, infraestructura de salud y proyectos culturales, agricultura y deportivos”, enfatizó Garrido. Crítica a la administración económica El consejero insistió en que este ajuste es consecuencia de la mala administración del Ejecutivo, la falta de inversión y la incapacidad de activar la economía nacional. • En 2024, el Gobierno Central dejó de ejecutar más de $1,5 billones del presupuesto. • La inversión total en Chile cayó 3,8 % en los últimos dos años, afectando empleo y crecimiento. • La formación bruta de capital fijo permanece estancada, debilitando la confianza de los mercados. “Cuando el Gobierno Central falla en su gestión, las regiones pagan el costo. Y hoy, los maulinos somos los más castigados junto a Aysén, mientras otros territorios reciben más recursos por criterios políticos antes que técnicos”, declaró. Llamado transversal El consejero valoró el respaldo de la senadora Paulina Vodanovic y del diputado Juan Antonio Coloma, quienes exigieron explicaciones a Hacienda y Dipres. “Este no es un tema de partidos. Es una causa regional. Todos debemos defender al Maule, porque está en juego el futuro de miles de familias”. Conclusión Garrido finalizó señalando: “El país necesita inversión, activación económica y descentralización real. No recortes que paralizan obras y destruyen oportunidades. El Maule no aceptará ser castigado por la mala administración y desconexión del Gobierno Central”.
Durante su intervención, Garrido presentó los antecedentes recopilados y solicitó que el Gobierno Regional oficie al Ministerio de Salud, al Ministerio del Medio Ambiente y a la Superintendencia de Medio Ambiente para que aclaren si están en conocimiento de estas irregularidades y qué medidas se han tomado al respecto. Irregularidades detectadas El consejero detalló una serie de incumplimientos que, según dijo, representan un peligro inminente para la salud de la población y el entorno natural: 1. Zona de protección insuficiente, con apenas 4,2 metros al camino público, cuando la normativa exige 150. 2. Ubicación en área inundable, con riesgo de derrames y contaminación de aguas. 3. Exceso de residuos, recibiendo 884 toneladas diarias frente a las 125 autorizadas. 4. Falta de balsa de lixiviados, incumpliendo la RCA N° 05/2012. 5. Ausencia de canales de evacuación de lluvias, lo que incrementa riesgos de escurrimientos. 6. Carencia de zona de emergencia, incumpliendo lo previsto en el DS 189/2008. Críticas a la permisividad y llamado a fiscalización Garrido cuestionó la “libertad con que se permiten estas irregularidades” mientras que a otros inversionistas que buscan cumplir con las normativas “se les imponen múltiples trabas”. “Nadie quiere un cementerio, un vertedero o torres de alta tensión al lado de su casa, pero son necesidades reales. Lo que corresponde es que se hagan las cosas bien, con inversión y con exigencias claras. Aquí se ha permitido operar con deficiencias gravísimas que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente, y eso no puede seguir ocurriendo”, enfatizó. Además, informó que en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura, Estrategia y Fomento Productivo del Consejo Regional citó al Seremi de Medio Ambiente para exponer sobre la situación y entregar los antecedentes disponibles. Finalmente, advirtió que, de no existir acciones inmediatas, las consecuencias podrían derivar en un “daño irreparable” para la comunidad, agricultura y los recursos hídricos de la región.
Según indicó, la instalación no estaría cumpliendo con las normas básicas de seguridad y sanidad establecidas en el DS 189/2008 ni con la RCA N° 05/2012, lo que supone un riesgo directo para la salud de la población y el medio ambiente. Entre los principales incumplimientos detectados, Garrido destacó: • Zona de protección insuficiente: El proyecto no respeta la franja mínima de 150 metros establecida para resguardar a la comunidad, especialmente en el sector norte, donde la distancia al camino público es de apenas 4,2 metros, impidiendo medidas de seguridad como cierre perimetral o canales de contorno. • Ubicación en área inundable: Gran parte del relleno se encuentra bajo la cota de inundación de 100 años, según estudios hidrológicos y planos de planta, lo que aumenta el riesgo de derrames y contaminación de cuerpos de agua cercanos. • Exceso de residuos sobre lo autorizado: La instalación recibe un promedio de 884 toneladas diarias, muy por encima del límite de 125 toneladas estipulado, generando sobrecarga y riesgo sanitario. • Manejo inadecuado de lixiviados: La balsa de acumulación de lixiviados de 5.000 m³, necesaria para contener los líquidos peligrosos, no ha sido construida, exponiendo al entorno a contaminación directa. • Falta de canales de evacuación de aguas lluvias: La red comprometida para canalizar lluvias y lixiviados aún no está habilitada, aumentando los riesgos de derrames. • Inexistencia de zona de emergencia: No existe un área destinada a almacenar residuos durante lluvias o emergencias, incumpliendo lo previsto en el DS 189. El consejero Garrido anunció que hará gestiones ante diversos estamentos, incluyendo la Superintendencia del Medio Ambiente, municipios involucrados y autoridades sanitarias, para asegurar que se tomen medidas correctivas inmediatas. Además, ha citado al Seremi de Medio Ambiente a la Comisión de Agricultura, Estrategia y Fomento Productivo del Gobierno Regional para revisar la situación y poner en antecedentes a la autoridad sobre los riesgos identificados. “La comunidad no puede seguir expuesta a riesgos sanitarios y ambientales por incumplimientos que son fácilmente comprobables”, aseguró Garrido, reiterando la necesidad de acciones inmediatas para proteger la salud pública y el entorno.
he tenido que analizar con gran preocupación el contenido del oficio C71 N°606, de fecha 11 de abril de 2025, emitido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Este documento autoriza a los Gobiernos Regionales a destinar parte de sus recursos a cubrir el déficit del sistema de salud pública. En términos simples, el Gobierno Central, una vez más, está abriendo la puerta para que las regiones financien sus propios problemas de salud, sin asumir la responsabilidad de los costos y sin darles a los GOREs la capacidad real de decisión. 1. ¡Una afrenta al proceso de descentralización!Lo que el Gobierno Central está haciendo no es descentralización, es recentralización encubierta. El MINSAL se desentiende de su obligación de gestionar adecuadamente la salud pública y, en vez de asumir su responsabilidad, nos transfiere la carga económica, sin darnos ninguna autoridad para decidir sobre cómo y en qué se gastan esos recursos. Los GOREs se convierten en una simple caja chica, sin voz ni voto en la priorización de gastos. Este es un claro retroceso en los avances que se pretendían lograr en materia de autonomía regional. 2. Impacto destructivo en los proyectos del MauleLo que nos están imponiendo es, sencillamente, inaceptable. En nuestra región, el GORE tiene asignados recursos que están destinados a necesidades urgentes y estratégicas: infraestructura, fomento productivo, agricultura, turismo, innovación. Cada peso que se derive a cubrir el déficit del sistema de salud es un peso menos para nuestras demandas más inmediatas, y lo peor de todo es que estos recursos no tienen garantía de continuidad. Estamos hipotecando el futuro de nuestros proyectos de desarrollo en aras de una solución temporal que no resuelve el problema de fondo. Es una solución parche que solo crea más incertidumbre y dificulta nuestra planificación a largo plazo. 3. El MINSAL pide apoyo sin dar poder realEste oficio no es un llamado a la colaboración, sino una transferencia de carga sin ningún tipo de respaldo. Nos piden que financiemos sus fallos y deficiencias, pero nos dejan fuera de las decisiones fundamentales. No hay coordinación, no hay espacio para la región en la toma de decisiones. Nos dan la posibilidad de financiar lo que ellos no pueden cubrir, pero sin otorgarnos las competencias ni los recursos para gestionar efectivamente esa ayuda. El MINSAL nos ve como simples financiadores, no como actores estratégicos en la toma de decisiones. Esta es una maniobra centralista que nos coloca en una posición subordinada, sin control sobre el uso de los recursos que son, en última instancia, de los habitantes del Maule. 4. ¡Exigimos descentralización REAL y CON RESPONSABILIDAD!Basta de parches y de soluciones temporales. Si el Gobierno Central quiere que los Gobiernos Regionales asumamos parte de la carga en materia de salud, debe darnos las competencias, los recursos y, lo más importante, el poder de decisión real. No basta con hacernos financiar sus errores y debilidades. Necesitamos una verdadera descentralización, donde las regiones tengamos autonomía plena para gestionar nuestras prioridades y recursos de manera eficiente. Si no, nos están utilizando como una extensión del Estado central sin darnos la capacidad de decidir sobre nuestros propios destinos. La salud pública no puede seguir dependiendo de soluciones improvisadas que recaen sobre las espaldas de los GOREs. No somos la caja chica del Estado. Este es el momento de exigir que las regiones tengan poder real para cambiar las cosas, no ser cómplices de un sistema centralista que sigue reproduciendo las mismas prácticas que nos mantienen al margen de las decisiones que nos afectan directamente.
Este ajuste se aplicará directamente al Gobierno Regional del Maule, liderado por el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, a pesar de que la región ocupa el primer lugar en ejecución presupuestaria a nivel nacional. “Este recorte es la prueba más clara de que el Gobierno del Presidente Boric no entiende lo que significa descentralización. El Maule, que ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el uso de recursos, es castigado con la segunda mayor baja presupuestaria del país. Es inaceptable y refleja la desconexión absoluta del Gobierno Central con las regiones”, afirmó Garrido. Caídas más severas producto del reajuste presupuestario regional Según la tabla comparativa, el Maule ocupa el segundo lugar en magnitud de caída porcentual, solo superado por Aysén. • Aysén: -6,9 % (UDI) • Maule: -6,2 % (UDI) • Los Lagos: -5,9 % (RN) • Arica y Parinacota: -5,8 % (RN) • Ñuble: -5 % (PS) Regiones beneficiadas Mientras tanto, varias regiones recibirán incrementos: • O’Higgins: +5,3 % (PS) • Antofagasta: +2,3 % (RD) • Tarapacá: +1,5 % (INDP-PPD) • Metropolitana: +1,4 % (DC) “Esto demuestra un centralismo desmedido. La Región Metropolitana recibe más recursos mientras regiones productivas como Maule, que son motor agrícola y exportador, son castigadas. Es una burla para nuestros ciudadanos que llevan años esperando caminos, agua potable rural, infraestructura de salud y proyectos culturales, agricultura y deportivos”, enfatizó Garrido. Crítica a la administración económica El consejero insistió en que este ajuste es consecuencia de la mala administración del Ejecutivo, la falta de inversión y la incapacidad de activar la economía nacional. • En 2024, el Gobierno Central dejó de ejecutar más de $1,5 billones del presupuesto. • La inversión total en Chile cayó 3,8 % en los últimos dos años, afectando empleo y crecimiento. • La formación bruta de capital fijo permanece estancada, debilitando la confianza de los mercados. “Cuando el Gobierno Central falla en su gestión, las regiones pagan el costo. Y hoy, los maulinos somos los más castigados junto a Aysén, mientras otros territorios reciben más recursos por criterios políticos antes que técnicos”, declaró. Llamado transversal El consejero valoró el respaldo de la senadora Paulina Vodanovic y del diputado Juan Antonio Coloma, quienes exigieron explicaciones a Hacienda y Dipres. “Este no es un tema de partidos. Es una causa regional. Todos debemos defender al Maule, porque está en juego el futuro de miles de familias”. Conclusión Garrido finalizó señalando: “El país necesita inversión, activación económica y descentralización real. No recortes que paralizan obras y destruyen oportunidades. El Maule no aceptará ser castigado por la mala administración y desconexión del Gobierno Central”.
Durante su intervención, Garrido presentó los antecedentes recopilados y solicitó que el Gobierno Regional oficie al Ministerio de Salud, al Ministerio del Medio Ambiente y a la Superintendencia de Medio Ambiente para que aclaren si están en conocimiento de estas irregularidades y qué medidas se han tomado al respecto. Irregularidades detectadas El consejero detalló una serie de incumplimientos que, según dijo, representan un peligro inminente para la salud de la población y el entorno natural: 1. Zona de protección insuficiente, con apenas 4,2 metros al camino público, cuando la normativa exige 150. 2. Ubicación en área inundable, con riesgo de derrames y contaminación de aguas. 3. Exceso de residuos, recibiendo 884 toneladas diarias frente a las 125 autorizadas. 4. Falta de balsa de lixiviados, incumpliendo la RCA N° 05/2012. 5. Ausencia de canales de evacuación de lluvias, lo que incrementa riesgos de escurrimientos. 6. Carencia de zona de emergencia, incumpliendo lo previsto en el DS 189/2008. Críticas a la permisividad y llamado a fiscalización Garrido cuestionó la “libertad con que se permiten estas irregularidades” mientras que a otros inversionistas que buscan cumplir con las normativas “se les imponen múltiples trabas”. “Nadie quiere un cementerio, un vertedero o torres de alta tensión al lado de su casa, pero son necesidades reales. Lo que corresponde es que se hagan las cosas bien, con inversión y con exigencias claras. Aquí se ha permitido operar con deficiencias gravísimas que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente, y eso no puede seguir ocurriendo”, enfatizó. Además, informó que en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura, Estrategia y Fomento Productivo del Consejo Regional citó al Seremi de Medio Ambiente para exponer sobre la situación y entregar los antecedentes disponibles. Finalmente, advirtió que, de no existir acciones inmediatas, las consecuencias podrían derivar en un “daño irreparable” para la comunidad, agricultura y los recursos hídricos de la región.
Según indicó, la instalación no estaría cumpliendo con las normas básicas de seguridad y sanidad establecidas en el DS 189/2008 ni con la RCA N° 05/2012, lo que supone un riesgo directo para la salud de la población y el medio ambiente. Entre los principales incumplimientos detectados, Garrido destacó: • Zona de protección insuficiente: El proyecto no respeta la franja mínima de 150 metros establecida para resguardar a la comunidad, especialmente en el sector norte, donde la distancia al camino público es de apenas 4,2 metros, impidiendo medidas de seguridad como cierre perimetral o canales de contorno. • Ubicación en área inundable: Gran parte del relleno se encuentra bajo la cota de inundación de 100 años, según estudios hidrológicos y planos de planta, lo que aumenta el riesgo de derrames y contaminación de cuerpos de agua cercanos. • Exceso de residuos sobre lo autorizado: La instalación recibe un promedio de 884 toneladas diarias, muy por encima del límite de 125 toneladas estipulado, generando sobrecarga y riesgo sanitario. • Manejo inadecuado de lixiviados: La balsa de acumulación de lixiviados de 5.000 m³, necesaria para contener los líquidos peligrosos, no ha sido construida, exponiendo al entorno a contaminación directa. • Falta de canales de evacuación de aguas lluvias: La red comprometida para canalizar lluvias y lixiviados aún no está habilitada, aumentando los riesgos de derrames. • Inexistencia de zona de emergencia: No existe un área destinada a almacenar residuos durante lluvias o emergencias, incumpliendo lo previsto en el DS 189. El consejero Garrido anunció que hará gestiones ante diversos estamentos, incluyendo la Superintendencia del Medio Ambiente, municipios involucrados y autoridades sanitarias, para asegurar que se tomen medidas correctivas inmediatas. Además, ha citado al Seremi de Medio Ambiente a la Comisión de Agricultura, Estrategia y Fomento Productivo del Gobierno Regional para revisar la situación y poner en antecedentes a la autoridad sobre los riesgos identificados. “La comunidad no puede seguir expuesta a riesgos sanitarios y ambientales por incumplimientos que son fácilmente comprobables”, aseguró Garrido, reiterando la necesidad de acciones inmediatas para proteger la salud pública y el entorno.
he tenido que analizar con gran preocupación el contenido del oficio C71 N°606, de fecha 11 de abril de 2025, emitido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Este documento autoriza a los Gobiernos Regionales a destinar parte de sus recursos a cubrir el déficit del sistema de salud pública. En términos simples, el Gobierno Central, una vez más, está abriendo la puerta para que las regiones financien sus propios problemas de salud, sin asumir la responsabilidad de los costos y sin darles a los GOREs la capacidad real de decisión. 1. ¡Una afrenta al proceso de descentralización!Lo que el Gobierno Central está haciendo no es descentralización, es recentralización encubierta. El MINSAL se desentiende de su obligación de gestionar adecuadamente la salud pública y, en vez de asumir su responsabilidad, nos transfiere la carga económica, sin darnos ninguna autoridad para decidir sobre cómo y en qué se gastan esos recursos. Los GOREs se convierten en una simple caja chica, sin voz ni voto en la priorización de gastos. Este es un claro retroceso en los avances que se pretendían lograr en materia de autonomía regional. 2. Impacto destructivo en los proyectos del MauleLo que nos están imponiendo es, sencillamente, inaceptable. En nuestra región, el GORE tiene asignados recursos que están destinados a necesidades urgentes y estratégicas: infraestructura, fomento productivo, agricultura, turismo, innovación. Cada peso que se derive a cubrir el déficit del sistema de salud es un peso menos para nuestras demandas más inmediatas, y lo peor de todo es que estos recursos no tienen garantía de continuidad. Estamos hipotecando el futuro de nuestros proyectos de desarrollo en aras de una solución temporal que no resuelve el problema de fondo. Es una solución parche que solo crea más incertidumbre y dificulta nuestra planificación a largo plazo. 3. El MINSAL pide apoyo sin dar poder realEste oficio no es un llamado a la colaboración, sino una transferencia de carga sin ningún tipo de respaldo. Nos piden que financiemos sus fallos y deficiencias, pero nos dejan fuera de las decisiones fundamentales. No hay coordinación, no hay espacio para la región en la toma de decisiones. Nos dan la posibilidad de financiar lo que ellos no pueden cubrir, pero sin otorgarnos las competencias ni los recursos para gestionar efectivamente esa ayuda. El MINSAL nos ve como simples financiadores, no como actores estratégicos en la toma de decisiones. Esta es una maniobra centralista que nos coloca en una posición subordinada, sin control sobre el uso de los recursos que son, en última instancia, de los habitantes del Maule. 4. ¡Exigimos descentralización REAL y CON RESPONSABILIDAD!Basta de parches y de soluciones temporales. Si el Gobierno Central quiere que los Gobiernos Regionales asumamos parte de la carga en materia de salud, debe darnos las competencias, los recursos y, lo más importante, el poder de decisión real. No basta con hacernos financiar sus errores y debilidades. Necesitamos una verdadera descentralización, donde las regiones tengamos autonomía plena para gestionar nuestras prioridades y recursos de manera eficiente. Si no, nos están utilizando como una extensión del Estado central sin darnos la capacidad de decidir sobre nuestros propios destinos. La salud pública no puede seguir dependiendo de soluciones improvisadas que recaen sobre las espaldas de los GOREs. No somos la caja chica del Estado. Este es el momento de exigir que las regiones tengan poder real para cambiar las cosas, no ser cómplices de un sistema centralista que sigue reproduciendo las mismas prácticas que nos mantienen al margen de las decisiones que nos afectan directamente.
