El agua no se administra con mayorías políticas
En el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca modificar una de las reglas fundamentales de la administración de las aguas en Chile: la proporcionalidad entre los derechos de aprovechamiento y los votos de sus titulares en las organizaciones de usuarios.
La iniciativa, conocida como “Una persona, un voto”, parece razonable cuando se plantea como una forma de ampliar la participación de los pequeños usuarios. Sin embargo, traslada un principio propio de la representación política a instituciones cuya finalidad es distinta: administrar derechos de terceros, distribuir un recurso escaso y mantener infraestructura financiada por sus integrantes.
Las organizaciones de usuarios de aguas no son órganos de representación política. Son entidades reguladas por el Código de Aguas, encargadas de administrar derechos de aprovechamiento y cumplir obligaciones específicas frente a sus titulares.
La regla de oro: cada usuario tiene derecho a recibir el agua que proporcionalmente le corresponde, sin privilegios ni discriminaciones. Esta regla se aplica por igual a todos los usuarios, cualquiera sea su identidad o capacidad económica.
El sistema vigente establece una relación entre acciones, votos y financiamiento: los derechos determinan la participación de los usuarios y los gastos comunes se distribuyen, como regla general, proporcionalmente a ellos. Esta estructura mantiene una correspondencia entre el poder de decisión, los derechos administrados y la responsabilidad económica. Quien participa en mayor proporción de los derechos participa también en mayor proporción de las decisiones y de las obligaciones comunes.
El proyecto pretende romper esa correspondencia. Bajo la nueva regla, una mayoría de personas que represente una proporción minoritaria de los derechos podría decidir sobre presupuestos e inversiones que deberán financiar principalmente otros usuarios. ¿Es razonable que una mayoría que representa apenas el 10 % de los derechos pueda decidir inversiones cuyo costo deberán financiar, en un 90 %, otros titulares?
La igualdad ante la ley no significa desconocer las diferencias jurídicas ni económicas entre los usuarios. La proporcionalidad no establece categorías de usuarios ni privilegios personales. Reconoce a cada derecho la misma participación y asigna a su titular las responsabilidades que le corresponden. Esa es precisamente una forma objetiva de igualdad. Todos deben contar con la misma protección para exigir el respeto de sus derechos, pero eso no implica que administren la misma cantidad de recursos ni asuman las mismas obligaciones.
La experiencia del río Maule demuestra la complejidad de esta tarea. En una cuenca donde conviven miles de usuarios, embalses, grandes obras hidráulicas y distintos usos del agua, las decisiones deben sustentarse en derechos, responsabilidades y antecedentes técnicos, no en mayorías electorales desvinculadas de esas obligaciones.
Además, el cambio podría generar incentivos para dividir acciones entre distintos titulares con el propósito de aumentar la influencia electoral, trasladando prácticas de competencia política a instituciones cuya función debe ser esencialmente técnica y administrativa.
Estas advertencias fueron planteadas durante la discusión legislativa de 2025 por la Dirección General de Aguas, académicos y representantes de organizaciones de usuarios. En esa oportunidad, la Comisión de Recursos Hídricos rechazó las principales modificaciones al régimen de votación. Sin embargo, durante 2026 nuevas indicaciones reincorporaron esas mismas disposiciones, sin responder a las objeciones técnicas, económicas y jurídicas que habían motivado su rechazo.
Si el objetivo es proteger a los pequeños usuarios, existen alternativas concretas: fortalecer la transparencia, garantizar el acceso a la información, controlar los conflictos de interés y perfeccionar los mecanismos de reclamación.
Es posible ampliar la participación sin desarticular la relación entre derechos, decisiones y obligaciones. Las organizaciones de usuarios no necesitan convertirse en parlamentos del agua. Necesitan administrar correctamente los derechos de sus integrantes, conservar sus obras y garantizar que todas sus decisiones se ajusten a la ley.
La participación debe fortalecerse, pero no a costa de separar el poder de decisión de la responsabilidad que lo acompaña.
Porque en la administración de las aguas, tan importante como quién decide es quién responde por las consecuencias de esa decisión.
