Núñez pide endurecer penas a casas de apuestas ilegales
Se propone aumentar penas de cárcel hasta 15 años, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente para casas de apuestas ilegales.
La indicación presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), contempla penas de hasta 15 años de cárcel, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente para los operadores ilegales en el proyecto que regula las apuestas en línea.
Esta propuesta busca endurecer las sanciones contra los operadores ilegales e impedir que continúen funcionando mediante cambios de dominio. Además, establece un mecanismo de bloqueo judicial permanente y sanciones contra quienes administren, financien o promocionen estos negocios de manera ilegal.
A diferencia del modelo que entrega licencias a operadores privados, Núñez propone mantener la explotación digital de los juegos autorizados exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, dentro de las actividades permitidas por sus respectivas leyes.
"Esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento", afirmó.
Núñez pide cárcel y bloqueo permanente a casas de apuestas ilegales
Las penas más altas se aplicarían en casos agravados, como la captación deliberada de menores de edad o la continuidad de operaciones ilegales mediante mecanismos destinados a evadir una orden judicial. También se consideran agravantes cuando existan vínculos con organizaciones criminales o se utilicen identidades falsas y sociedades ficticias para ocultar a los responsables.
Otro punto central es la creación de un procedimiento ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para ordenar el bloqueo permanente de sitios y aplicaciones mientras se mantengan las condiciones que justificaron la medida.
Las restricciones podrían extenderse a nuevos dominios, previa verificación judicial. Los proveedores tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir las órdenes.
"Cambiar de nombre, aplicación o dirección no puede ser una forma para eludir la justicia", sostuvo Núñez.
