RESPONSABILIDAD FISCAL: DECISIONES DIFÍCILES, PERO NECESARIAS PARA CHILE
Alamiro Garrido, consejero regional, con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, MBA de la Universidad del Desarrollo, magíster en políticas públicas con mención en economía y máster en transformación digital, entrega una mirada sobre el actual escenario económico del país y las decisiones que hoy se están tomando.
Plantea que el debate público se ha simplificado en exceso, muchas veces basado en titulares y no en un análisis profundo de las cifras. A su juicio, el estado de las finanzas públicas heredadas al cierre del año 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, obliga a una lectura técnica, responsable y con visión de largo plazo para enfrentar adecuadamente el año 2026.
Explica que durante los últimos años el gasto público creció de manera significativa, sin un respaldo proporcional en ingresos permanentes. Esto derivó en un déficit fiscal sostenido y en un aumento de la deuda pública, que hoy bordea el 40% del Producto Interno Bruto.
Aclara un punto relevante que suele prestarse para confusión. Ese 40% no corresponde a gasto ejecutado en un período corto como los primeros meses del año 2026, sino al nivel acumulado de deuda respecto del tamaño de la economía. Sin embargo, advierte que un alto nivel de compromisos fiscales, sumado a un gasto elevado, reduce el margen de acción y genera presión sobre las cuentas públicas.
Respecto a los recursos que se han mencionado, cercanos a los 4.000 millones de dólares, señala que es fundamental entender su origen. Explica que parte de esos recursos pueden provenir de operaciones financieras, como emisión de bonos realizadas a inicios del año 2026, lo que incrementa la caja de manera transitoria, pero no refleja necesariamente una holgura real al cierre efectivo del año fiscal 2025. A esto se suma la posible postergación de ciertos gastos hacia enero de 2026, lo que también reduce el espacio fiscal efectivo.
En ese contexto, advierte que mantener un gasto elevado sin ingresos suficientes obliga al Estado a endeudarse, generando presiones que pueden traducirse en inflación. Cuando los precios suben de manera sostenida, el impacto lo sienten directamente las familias, a través del aumento del costo de la vida y la pérdida de poder adquisitivo.
Por ello, señala que medidas como ajustes en precios, control del gasto y mayor disciplina fiscal, aunque poco populares en el corto plazo, son necesarias para conducir responsablemente el país y evitar un deterioro económico mayor. Reconoce que estas decisiones afectan a los hogares, pero enfatiza que no actuar a tiempo podría generar consecuencias mucho más profundas.
Un ejemplo claro de este debate se observa en el precio de los combustibles. Muchas veces se responsabiliza a decisiones internas por su alza, sin considerar que el precio del petróleo responde principalmente a un mercado global, influido por factores geopolíticos, la oferta y la demanda internacional. Chile es un país importador y, en ese contexto, no tiene capacidad de fijar el precio del crudo.
Si bien parte del petróleo puede provenir de zonas en conflicto como el Medio Oriente, ese porcentaje es relativamente menor, en torno a un 10% aproximadamente, mientras que la gran mayoría del abastecimiento proviene de mercados como Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Brasil. Sin embargo, independientemente del origen físico del petróleo, el precio se determina a nivel internacional, por lo que incluso conflictos en regiones específicas terminan impactando el valor global.
Si bien existen mecanismos de estabilización como el Mepco, estos no eliminan las variaciones de precios, sino que las suavizan en el tiempo. Intentar contener artificialmente estos valores de manera prolongada puede generar un costo fiscal significativo, aumentando el gasto público o acumulando subsidios que luego deben ser financiados.
Desde esa perspectiva, transparentar los precios internacionales, aunque implique alzas en el corto plazo, es una decisión responsable, aunque poco popular, que evita distorsiones mayores y protege la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
Garrido también cuestiona la forma en que se ha desarrollado parte del debate político, señalando que muchas críticas se basan en interpretaciones parciales o sin sustento técnico, lo que genera confusión en la ciudadanía.
Desde su perspectiva, es necesario reconocer que la situación actual es, en buena medida, consecuencia de decisiones adoptadas hasta el cierre del año 2025 bajo el gobierno de Gabriel Boric, pero recalca que hoy, en el año 2026, el foco debe estar en corregir el rumbo con responsabilidad.
En esa misma línea, también es importante considerar que Chile ha construido por décadas una reputación internacional basada en la responsabilidad fiscal y el respeto por su regla fiscal. Esta credibilidad no es menor, ya que influye directamente en el costo de financiamiento del país, en la inversión extranjera y en la estabilidad económica.
Cuando las cuentas fiscales se deterioran o no se corrigen a tiempo, el país enfrenta mayores tasas de interés, menor inversión y una desaceleración del crecimiento. En términos concretos, esto impacta en menos empleo, menos oportunidades y mayores dificultades para las familias.
Por ello, recuperar el orden en las finanzas públicas no solo es una necesidad técnica, sino también una condición esencial para reactivar la economía, generar confianza y volver a impulsar el desarrollo.
Finalmente, plantea que respaldar decisiones orientadas al orden fiscal es clave para la estabilidad del país, en línea con una mirada de disciplina económica como la que ha promovido José Antonio Kast.
Concluye que las finanzas públicas pertenecen a todos los chilenos, y que su cuidado exige decisiones responsables, incluso cuando estas sean difíciles o poco populares, porque de ello depende la estabilidad económica, el control de la inflación y la calidad de vida de las futuras generaciones
