Senador Vial afirma que el Gobierno descartó dar funciones de orden público a las Fuerzas Armadas
El parlamentario y general en retiro sostuvo que el Ejecutivo acogió las objeciones del Congreso a la reforma constitucional de seguridad, aunque defendió un rol acotado de las FF.AA. frente al crimen organizado.
En medio de la discusión por la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, el senador por el Maule y general en retiro del Ejército, Cristián Vial, sostuvo que el Ejecutivo comprendió que las Fuerzas Armadas no deben cumplir labores de orden público, diferenciando ese concepto de la seguridad pública, entendida esta última de forma más amplia y vinculada a la protección de la población, como ocurre actualmente con el despliegue militar en el norte y en la macrozona sur. El parlamentario explicó que este límite fue transmitido directamente al Presidente y que las observaciones del Congreso ya habrían sido recogidas para introducir ajustes al proyecto original.
Vial reconoció que la propuesta enviada por el Gobierno presentaba deficiencias que han generado críticas transversales en el Parlamento, centradas en aspectos como la extensión del nuevo estado de excepción constitucional, las facultades adicionales para el Presidente y el rol que se asignaría a las Fuerzas Armadas. Pese a ello, justificó la necesidad de una reforma señalando que el país enfrenta un escenario inédito frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado, y planteó que cualquier intervención militar debería ser acotada, con objetivos, focos territoriales y plazos claramente definidos.
El senador insistió además en la necesidad de avanzar en una cobertura legal para policías y militares mediante las Reglas de Uso de la Fuerza y un proyecto de indulto para uniformados procesados o condenados tras el estallido social de 2019, del cual es coautor. Pese a mantener reparos puntuales sobre algunos aspectos del proyecto, confirmó que respaldará la iniciativa y llamó a otros parlamentarios a sumarse al debate. Finalmente, cuestionó las críticas formuladas por el expresidente Gabriel Boric y exautoridades de su Gobierno a la reforma, argumentando que dicha administración no tendría la autoridad para pronunciarse sobre la materia.
