Chile actualiza contrato de explotación de litio en el Salar de Maricunga para fortalecer su liderazgo en el mineral estratégico
En el marco de la Estrategia Nacional del Litio, el Gobierno concretó una actualización del Contrato Especial de Operación de Litio en el Salar de Maricunga, reforzando la colaboración público-privada con foco en sostenibilidad, participación comunitaria y proyección internacional.
El Gobierno de Chile oficializó la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que regula la explotación del mineral en el Salar de Maricunga, avanzando así en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y en la proyección del país como un actor consolidado en la producción global de este recurso crítico para la transición energética.
La firma del nuevo contrato fue encabezada por el presidente Gabriel Boric, quien destacó la importancia de articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado, con un enfoque que integra desarrollo económico, cuidado del medioambiente y diálogo permanente con las comunidades locales. El contrato ajustado actualiza y fortalece las condiciones bajo las cuales la explotación del litio en Maricunga se realizará, incorporando compromisos para respetar estándares ambientales y sociales, así como mecanismos para asegurar beneficios tangibles a los territorios aledaños.

Entre los objetivos de la actualización está avanzar hacia una explotación que contribuya al desarrollo sostenible, genere nuevo conocimiento técnico y se proyecte en mercados internacionales, en línea con la creciente demanda mundial del mineral para baterías y tecnologías de energía limpia. Este paso se enmarca dentro de una agenda de políticas públicas orientadas a incrementar la participación del Estado en el control y gestión del litio, así como a potenciar proyectos que fortalezcan la competitividad del país en un mercado estratégico.
A nivel regional y nacional, las autoridades han destacado que la explotación responsable del litio puede ser una fuente de recursos para financiar infraestructura y servicios públicos, al tiempo que impulsa empleo y desarrollo tecnológico. La estrategia también contempla asegurar que los procesos productivos se rijan bajo altos estándares ambientales y de cooperación con comunidades afectadas por las operaciones mineras.
























