Senador Vial defiende implementación del nuevo Estado de Excepción y pide reenfocar el debate de seguridad
El parlamentario del Maule sostuvo que la discusión política ha desviado la atención del combate al crimen organizado, aunque insistió en que las Fuerzas Armadas no deben asumir funciones de orden público.
El senador Cristián Vial respaldó la propuesta del Ejecutivo de establecer un nuevo Estado de Excepción constitucional, que contempla una duración inicial de 120 días renovables sin necesidad de aprobación previa del Congreso. El parlamentario planteó que la controversia generada en torno al proyecto ha desplazado el foco desde el problema de fondo —el crimen organizado— hacia una discusión centrada en la iniciativa legislativa misma, y llamó a alcanzar consensos primero al interior de su sector para luego ampliar el respaldo hacia la oposición.
Aunque reconoció que el texto es perfectible en aspectos como las eventuales restricciones a derechos individuales, la delimitación territorial y temporal de la medida, y el nivel de control parlamentario involucrado, Vial fue categórico en señalar que la existencia del Estado de Excepción y el régimen especial carcelario no son puntos negociables dentro del proyecto. A su juicio, tiene sentido que esta figura se enfoque específicamente en la seguridad pública y se aplique de manera focalizada territorialmente, ajustando eso sí sus plazos y mecanismos de supervisión.
Respecto al rol de las Fuerzas Armadas, el senador reiteró su rechazo a que asuman labores de orden público, señalando que esa postura sería compartida por el Ministerio de Defensa, aunque aclaró que este punto no implica cuestionar la necesidad del nuevo estado de excepción. En su lugar, planteó que las capacidades militares podrían ponerse a disposición del fenómeno delictivo sin involucrarse directamente en tareas de orden público, dado su carácter eminentemente policial. Finalmente, el parlamentario también manifestó su respaldo a la interceptación de comunicaciones contempladas en el proyecto, siempre que se utilice tecnología focalizada que resguarde los derechos individuales de las personas.
