Vial encabeza bancada por el Indulto General que busca beneficiar a uniformados procesados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social
El senador Cristián Vial se sumó a esta nueva instancia legislativa que impulsa una amnistía para cerca de 770 funcionarios de las FF.AA., Carabineros, PDI y Gendarmería, varios de ellos vinculados a denuncias de uso excesivo de la fuerza, mutilaciones oculares y muertes ocurridas entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Un grupo de senadores, entre ellos Cristián Vial, Vanessa Kaiser, Camila Flores, Rodolfo Carter e Ignacio Urrutia, oficializó la conformación de la Bancada por el Indulto General, cuyo propósito es acelerar un proyecto de amnistía para cientos de efectivos que enfrentan procesos judiciales por hechos ocurridos durante el llamado estallido social. Lo que la iniciativa presenta como una reivindicación hacia funcionarios que "cumplieron su deber" omite un dato central: buena parte de estas causas se originaron en denuncias documentadas por organismos como el INDH, Human Rights Watch y Naciones Unidas, que registraron cientos de casos de trauma ocular por disparos de perdigones, torturas, violencia sexual y al menos una treintena de muertes atribuidas a agentes del Estado durante la represión de las protestas.
El senador Vial, general en retiro, justificó la iniciativa señalando que no debería encarcelarse a quienes actuaron "sin la intención de dañar a los chilenos" y calificó de "figuras jurídicas artificiales" los delitos que hoy los mantienen procesados. Sin embargo, la evidencia recopilada en investigaciones judiciales y de derechos humanos ha establecido en numerosos casos la existencia de uso desproporcionado de la fuerza, disparos a corta distancia contra manifestantes desarmados y golpizas dentro de comisarías, hechos que llevaron a Chile a ser objeto de observaciones internacionales por parte de la ONU y la CIDH. La bancada, no obstante, plantea estos procesos como una persecución injusta, sin hacer referencia a las víctimas ni a los estándares de debido proceso que motivaron las querellas originales.
Más allá del indulto, la agenda de la bancada incluye el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos —organismo que ha sido clave en la documentación de estas violaciones— y la derogación de una circular del Ministerio Público que ha permitido investigar con mayor rigor los delitos cometidos por agentes del Estado. Esta combinación de medidas ha generado cuestionamientos entre organizaciones de derechos humanos y víctimas del estallido, quienes advierten que la iniciativa podría traducirse en impunidad para hechos que, según los tribunales que han fallado en varias causas, sí constituyeron delitos graves cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
