El descuido que pone en riesgo el Estado de Derecho: miles de sentencias dictadas con norma derogada
En una columna publicada recientemente, el abogado Cristian Leonardo Aravena Gajardo, especialista en derecho civil y procesal, expuso una grave situación
ha pasado inadvertida por más de una década: la aplicación masiva y sostenida del artículo 4 de la Ley 18.600, pese a que su sustento normativo fue derogado en 2010 con la entrada en vigencia de la Ley 20.422.
Este artículo, fundamental en los procedimientos de interdicción por discapacidad mental, remite a un título de la Ley 19.284 que ya no existe, dejando sin piso jurídico su aplicación. Sin embargo, y de forma sistemática, se ha seguido utilizando en tribunales a lo largo del país, generando miles de sentencias posiblemente viciadas y afectando directamente a personas en situación de alta vulnerabilidad.
La columna plantea preguntas inquietantes sobre la responsabilidad institucional y la falta de revisión de la vigencia normativa en el ejercicio judicial. Aravena propone detener de inmediato esta práctica, revisar causas afectadas y fomentar una cultura jurídica basada en la verificación normativa permanente.