El delito de robo de cables sigue afectando fuertemente a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.
En la región del Maule se registraron 63 episodios de este tipo en 2023, que afectaron el suministro de 92.367 clientes. Estos delitos significaron la sustracción de 21,4 kilómetros de conductores para su venta en el mercado irregular, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para el servicio eléctrico.
Además, estas acciones de hurto tuvieron como consecuencia cuatro personas fallecidas y tres lesionadas. “Esta situación es muy lamentable y provoca un gran dolor a las familias de los afectados y para nosotros mismos como Compañía”, sostuvo el ejecutivo.
En 2022, la compañía registró un aumento de más de 200% en la cantidad de cable de cobre robado respecto de 2021, con un total de 932 eventos y 402 mil clientes de CGE afectados en su suministro.
Respecto del costo de reposición de infraestructura dañada o destruida por estas bandas delictuales, en el primer semestre de 2023 alcanzó a 3.544 millones de pesos.
Si bien este es un delito que está extendido por todo el territorio donde opera CGE, las zonas que registran un mayor número de incidentes son las regiones de O´Higgins, con 577 episodios (43,7 kilómetros de cable de cobre robado), seguido por Antofagasta, 158 episodios (17,1 kilómetros); Arica-Tarapacá, con 121 episodios (28,8 kilómetros); Coquimbo con 101 episodios (40 kilómetros); Atacama, con 75 episodios (19,7 kilómetros); Maule, con 63 episodios (21,4 kilómetros), entre otros (ver tabla).
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló Francisco Jaramillo.
El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, concluyó.
