Junta de Vigilancia del Río Maule pide claridad en el debate sobre cobro y financiamiento del agua agrícola
Tras las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, la organización que administra el riego de cerca de 200 mil hectáreas en la Primera Sección del Maule respaldó la necesidad de nuevas obras hídricas, pero advirtió que agua, infraestructura y mecanismos de pago son conceptos que no pueden tratarse como equivalentes.
La Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM) salió al paso de las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, sobre el uso del agua y el financiamiento de obras hídricas, llamando a precisar los términos del debate público. La organización reconoce la urgencia de enfrentar la escasez hídrica y la variabilidad climática, y comparte la necesidad de avanzar en infraestructura de regulación, acumulación, conducción y eficiencia. No obstante, advirtió que cualquier propuesta de cobro debe distinguir claramente entre pagar por el agua, financiar obras de regulación, asumir costos operativos o establecer tarifas por nueva infraestructura, ya que no son conceptos jurídicamente equivalentes.
El presidente del Directorio, Juan Pablo Herrera, señaló que los agricultores ya financian, a través de sus organizaciones, funciones esenciales como la captación, distribución, operación y conservación de los sistemas de riego, además de realizar inversiones permanentes en eficiencia intrapredial. En ese contexto, la JVRM advirtió que cualquier nuevo mecanismo de financiamiento debe considerar las cargas que los usuarios ya asumen, evitando duplicar o triplicar los cobros. Herrera además planteó que, antes de pensar en expandir la superficie regada del país, la prioridad debe ser garantizar seguridad hídrica para las hectáreas que hoy ya dependen del agua disponible.
La Junta reiteró su disposición a participar en una discusión técnica y seria sobre infraestructura y gestión hídrica, siempre que se desarrolle con participación efectiva de las organizaciones de usuarios y con pleno resguardo de la seguridad jurídica. La organización coincidió con el ministro en la necesidad de modernizar la gestión del agua, pero enfatizó que ese debate debe construirse desde la realidad de las cuencas y con criterios de proporcionalidad, transparencia y beneficio efectivo para quienes sostienen día a día la administración del recurso.
