"El Gobierno revisaba las mochilas pero no las cuentas bancarias": Vodanovic reacciona al fallo del TC contra Escuelas Protegidas
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley, entre ellos el que suspendía la gratuidad universitaria a condenados. La senadora del Maule advierte que el Registro de Vándalos corre la misma suerte y llama al Gobierno a frenar la premura legislativa.
El Tribunal Constitucional le puso un freno a la ley Escuelas Protegidas que el Gobierno había celebrado hace pocas semanas. Cuatro artículos fueron declarados contrarios a la Constitución, entre ellos el que establecía que una condena por determinados delitos podía suspender o impedir el acceso a la gratuidad universitaria. Para la senadora Paulina Vodanovic, el fallo no fue una sorpresa sino la confirmación de lo que la oposición advirtió durante la tramitación: los derechos sociales de las personas no pueden ser usados como sanción penal, y el TC lo dijo exactamente en esos términos. Su lectura política del momento fue directa y con imagen incluida: el Gobierno estaba dispuesto a revisar las mochilas de los estudiantes, pero no las cuentas bancarias de los deudores del CAE.
La senadora maulina fue más allá del caso puntual y trazó una línea que conecta Escuelas Protegidas con el Registro de Vándalos, otro proyecto del Ejecutivo que en su opinión tiene el mismo problema de fondo. Si el TC ya estableció que no se pueden privar derechos sociales como consecuencia de conductas tipificadas como incivilidades, el Registro de Vándalos enfrenta el mismo riesgo constitucional. Vodanovic también lanzó una pregunta que apunta a la selectividad del concepto de incivilidad: ¿conducir a más de 200 kilómetros por hora no es una incivilidad, o solo lo son las conductas asociadas a personas en situación de vulnerabilidad?
El cierre de su mensaje fue un llamado al Gobierno a sacar el pie del acelerador antes de que la premura legislativa siga produciendo leyes con fallas constitucionales que terminan siendo derribadas en los tribunales. Para Vodanovic, el problema no es querer más seguridad, en eso coincide, sino la forma de conseguirla: se necesita un Estado fuerte que persiga todos los delitos con sanciones proporcionales, no uno que aprueba leyes a toda velocidad que luego no resisten el control jurídico.
