​El proyecto de Ley de Pesca presentado responde a la necesidad imperante de superar la corrupción que ha marcado la Ley General de Pesca y Acuicultura vigente. El mensaje central es claro: transparencia, equidad y desarrollo sostenible son los pilares de esta propuesta.

​El proyecto se fundamenta en tres ejes clave para la Región del Maule. Primero, la transparencia en el sector pesquero y la lucha contra la pesca ilegal. Segundo, la equidad en la distribución de los recursos pesqueros, asegurando un trato justo entre pescadores artesanales e industriales. Y tercero, el fomento del desarrollo sostenible de la actividad pesquera en la región.

"Con esta iniciativa, estamos garantizando que los pescadores artesanales del Maule vean mejoradas sus condiciones y tengan una participación en la toma de decisiones que afectan su actividad", afirmó la Seremi de Economía, Javiera Vivanco Ibáñez.

​La intervención ilegal en la tramitación de la ley actual, condenando a dos exparlamentarios y a la empresa Corpesca por delitos de soborno, resalta la necesidad de este cambio. El compromiso del Gobierno, expresado por el presidente Gabriel Boric en junio de 2022, se refuerza con esta presentación del proyecto de ley.

​La Seremi de Economía, Javiera Vivanco Ibáñez, expresó su apoyo, indicando que "este proyecto es fundamental para asegurar un marco legal sólido y transparente que beneficie a nuestros pescadores y proteja nuestros recursos marinos".

​En la Región del Maule, la pesca es una actividad vital con 13 caletas, 68 sindicatos inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (ROA), 3148 pescadores inscritos, de los cuales 2536 son hombres y 612 mujeres. La flota se compone de 496 embarcaciones, siendo 26 de ellas mayores a 12 metros de eslora y 470 menores a 12 metros de eslora.

​Durante la presentación, se abordaron diversas inquietudes, destacando la diferencia clave entre la ley actual y el nuevo proyecto: la distribución basada en criterios científico-técnicos, no en intereses particulares. Se enfatizó que el proyecto beneficia a los pescadores artesanales, no perjudica a la pesca industrial y fortalece la lucha contra la pesca ilegal.

​En el marco de este proyecto, se establecerá un sistema de vocerías para asegurar una comunicación efectiva con todos los actores involucrados. Esto incluirá representantes de la pesca artesanal, industrial, científicos, académicos y otros sectores relacionados.