Este operativo fue realizado durante el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció que, para finales de este año, las pensiones de reparación de personas que forman parte de los informes Rettig y Valech, exonerados y exoneradas políticas no serán consideradas como ingresos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Este movimiento se trata de una importante corrección administrativa que busca beneficiar directamente a más de 13.400 hogares, los cuales bajarán de tramo en su Calificación Socioeconómica y que fue informada a representantes pertenecientes a las agrupaciones y beneficiarios de  pensiones de reparación en el Palacio de La Moneda, lo cual permitirá a quienes bajen a los tramos de mayor vulnerabilidad el acceder a beneficios del estado.

​La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “como Estado y autoridades tenemos el deber de ir siempre más allá, sobre todo cuando se trata de la defensa de los Derechos Humanos, y hacernos cargo también de cuando es necesario corregir políticas públicas que ayudarán a hacer justicia. Nos parece que es de toda justicia que finalmente estas pensiones de reparación no terminen implicando una exclusión o limitación de acceso a distintos beneficios del Estado, distintos elementos de la protección social”.

Por su parte el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, detalló que “esta instancia ha permitido hablar de los otros aspectos que son relevantes, entre otros, aquellos que tienen que ver con la corrección legal de esas incompatibilidades, los déficits que tenemos en el programa PRICE, que también ha sido una preocupación relevante del Ejecutivo y de los otros aspectos asociados a la Agenda de Derechos Humanos en el caso de las personas que son sobrevivientes de tortura y prisión política”.